Por posibles irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato celebrado en 2022 para la adquisición de drones para la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra miembros del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA).
Los afectados con la decisión son: el coronel (RP) Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes en su orden ejercieron como director general del FORPO, coordinadora del CIPPA, verificador de información de ese mismo organismo y supervisor del contrato por parte del FORPO, para la época de los hechos.
En el marco del proceso y posterior «adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados SIART para la Policía Nacional», por un valor superior a los $ 3.700 millones, la Procuraduría busca establecer si se habrían presentado posibles deficiencias en la formulación de los factores de selección del contratista y una deficiente vigilancia y control del contrato que pudieron incidir en un posible incumplimiento contractual.