Una nueva controversia sacude los diálogos exploratorios de paz en la región Caribe. Se conoció una carta firmada el pasado 10 de enero por el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que solicitó formalmente al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, el traslado a Barranquilla de 17 cabecillas criminales, de un total de 45 solicitados por la defensa de alias ‘Castor’, máximo jefe de la estructura ilegal Los Costeños.
La solicitud, según se desprende del documento, hacía parte de los requerimientos planteados por la defensa dentro del proceso de acercamientos con esa organización, bajo el argumento de facilitar canales de comunicación y avanzar en eventuales compromisos de desescalamiento de la violencia en el Atlántico.
No obstante, la petición tuvo una respuesta negativa casi inmediata. Al día siguiente, 11 de enero, el ministro de Justicia confirmó que no se autorizarían los traslados a Barranquilla, cerrando de plano la posibilidad planteada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La decisión del Ministerio de Justicia evidenció diferencias internas dentro del Gobierno frente al manejo de este tipo de solicitudes, especialmente cuando se trata de cabecillas de estructuras criminales con fuerte incidencia en la seguridad urbana de la capital del Atlántico.
El freno a los traslados se produce en un momento clave, cuando persisten treguas temporales, tensiones territoriales y advertencias sobre enemigos de la paz, según han señalado voceros cercanos al proceso. La negativa oficial también ocurre en medio de preocupaciones por el impacto que la presencia de estos jefes criminales podría tener en el orden público de Barranquilla.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Oficina del Comisionado para la Paz han explicado públicamente las razones de fondo de la contradicción, mientras sectores políticos y de opinión reclaman claridad sobre el rumbo real de los diálogos y las garantías de seguridad para la ciudadanía.
El episodio deja en evidencia las fracturas y desafíos que enfrenta el Gobierno en su apuesta por negociaciones con estructuras criminales, especialmente cuando las decisiones no logran una postura unificada dentro del Ejecutivo.
