La crisis en la Universidad del Atlántico entró en una fase decisiva. Las tensiones con el Ministerio de Educación llegaron a un nivel que, según fuentes oficiales, anticipa una intervención ante las presuntas irregularidades detectadas en la elección del rector Leyton Barrios.
El Ministerio identificó inconsistencias en la experiencia académica certificada y documentos contradictorios sobre su trayectoria docente y administrativa. A esto se suman decisiones disciplinarias contra integrantes del Comité Electoral que reportaron estas anomalías, lo que generó dudas sobre el manejo interno de los procesos sancionatorios.
Como respuesta, el Gobierno impuso vigilancia especial y designó un inspector in situ, figura prevista en la Ley 1740 de 2014. Este delegado revisará diariamente los actos administrativos, financieros y contractuales de la universidad, podrá solicitar información, requerir ajustes y advertir sobre riesgos en tiempo real.
En el Ejecutivo aseguran que la relación con el rector Barrios está deteriorada y que su salida se considera condición necesaria para frenar el deterioro institucional. Si no renuncia, advierten, la intervención formal avanzará sin dilaciones.
La comunidad universitaria permanece a la expectativa mientras el Gobierno define los pasos finales para resolver una crisis que ya se considera estructural.