«Nos sacan la plata y no se ve»: ¿Es hora de la resistencia civil en el Caribe por las altas tarifas de aseo y seguridad? Esto dice un experto.
La paciencia de la ciudadanía frente a la constante alza de tarifas, impuestos y la cuestionable calidad de los servicios públicos en la región Caribe parece estar llegando a su límite constitucional. En un profundo análisis técnico y jurídico, el destacado abogado constitucionalista Porfirio Castillo Zamora puso sobre la mesa un debate tan histórico como urgente: la legitimidad de la resistencia civil como un mecanismo consustancial a la democracia participativa cuando el establecimiento abusa de su poder.
Para Castillo, la indignación ciudadana actual por los cobros excesivos no es un fenómeno aislado, sino una respuesta natural que encuentra su paralelo en hitos históricos como la Revolución de los Comuneros de 1781 (rebelión popular en el Virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia) contra el imperio español), originada precisamente por el aumento desmedido de tributos por parte de los Borbones. «Esa insurrección le demostró y le demuestra a los gobiernos que están allí únicamente en virtud del mandato del pueblo», enfatiza el jurista.
Servicios públicos e impuestos: «Nos sacan la plata y los resultados no se ven»
El eje central del pronunciamiento de Castillo Zamora no apunta a las habituales disputas de la política nacional, sino al bolsillo y a la seguridad del ciudadano de a pie. El constitucionalista fue enfático al cuestionar la desconexión entre lo que se recauda y la realidad que se vive en las calles de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
«Nos encontramos con todo tipo de impuestos y cada día están más altos. ¿Qué hace el pueblo frente a esta cantidad de cosas que lo pisotean, lo maltratan y le sacan la plata sin que se vean los resultados?» — Porfirio Castillo Alzamora, abogado constitucionalista.
El jurista desglosó los tres puntos críticos que, a su juicio, justifican una protesta pacífica y organizada:
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Tasa de Seguridad: Cuestionó severamente la efectividad del tributo y su gestión entre la Gobernación y el Distrito. «Se entregó al distrito y no funciona ni para el distrito ni para el departamento. Matan a todo el mundo, suben la tasa de seguridad y no pasa nada», sentenció, contrastando la realidad de orden público con narrativas oficiales que califican la gestión con slogans idílicos.
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Alumbrado Público: Las tarifas siguen en aumento sin que el servicio se compense con una mejora sustancial en la percepción de seguridad y cobertura.
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Sobrefacturación en el Aseo: Castillo hizo un llamado especial a revisar los recibos del agua, donde el componente de aseo ha alcanzado niveles «increíblemente altos», afectando con especial rigor a las propiedades horizontales. Denunció que se presentan irregularidades como la falta de pesaje real, la sobrefacturación y el incumplimiento de reglamentaciones, contando además con la aparente complacencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Los límites de la resistencia civil: Del debate nacional al bolsillo local
El experto en la Carta Magna marcó una línea clara entre el uso de la resistencia civil para fines políticos particulares y su aplicación para defender los derechos ciudadanos. En ese sentido, tomó distancia de las motivaciones que sectores políticos como el del senador Iván Cepeda invocan contra el Ejecutivo nacional —como debates sobre la doble nacionalidad—.
«Aseo impagable y una Tasa de Seguridad que no funciona»: Abogado Porfirio Castillo plantea la resistencia civil pacífica ante abusos en el Atlántico
Para Castillo, el verdadero valor de la resistencia —la cual exige que sea estrictamente pacífica— radica en frenar los actos de gobierno locales y departamentales que están haciendo «invivible» la posición de los ciudadanos, así como para combatir la corrupción estructural.
«Cuando la corrupción roba más, lo único que se le ocurre a los gobiernos es hacer una reforma tributaria«, concluyó el abogado, aclarando que no se trata de un señalamiento a una administración específica, sino de una crítica vertical a un «vicio del establecimiento» y a la cultura política tradicional colombiana. Ante este panorama, el llamado del jurista es claro: es hora de que la ciudadanía levante el brazo y proteste legítimamente contra los abusos gubernamentales.