Una denuncia por presuntas extorsiones terminó convertida en una controversia pública en Santa Marta.
Horas después, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) difundieron un comunicado en el que lanzaron graves señalamientos contra el empresario y afirmaron que habría sostenido acuerdos económicos con esa organización.
En el documento, el grupo armado aseguró que Ospino habría ofrecido 100 millones de pesos mensuales para obtener el control y el monopolio de las actividades comerciales en El Rodadero y Playa Blanca. También sostuvo que esos supuestos pagos se habrían mantenido durante varios años.
Las acusaciones incluyen presuntas presiones contra propietarios de restaurantes de Playa Blanca para que vendieran sus establecimientos por debajo de su valor comercial. Según el comunicado, el empresario y su abogado habrían buscado ayuda de la organización para desplazar a los carperos que trabajan en esa zona.
Las ACSN también mencionaron supuestas reuniones para controlar el ingreso de embarcaciones al Acuario, limitar la participación de otros operadores turísticos y aumentar las tarifas del transporte marítimo. El grupo aseguró tener pruebas de sus afirmaciones, aunque su contenido no ha sido verificado públicamente.
La versión de la organización armada contrasta con la denuncia que Ospino presentó ante los diputados, donde manifestó que su familia y sus empresas habrían sido declaradas objetivo militar por negarse a pagar las sumas que, según afirmó, les estarían exigiendo.
El caso deja dos versiones enfrentadas y señalamientos de extrema gravedad. Las afirmaciones de las ACSN no constituyen pruebas judiciales de los hechos denunciados. Corresponderá a la Fiscalía establecer la veracidad de las acusaciones, investigar las presuntas extorsiones y determinar si existieron los acuerdos económicos mencionados.
Hasta el momento, queda pendiente conocer una respuesta del empresario y de su abogado frente a los señalamientos divulgados por el grupo armado.
