La distribuidora ligada al conglomerado de la familia Char encabeza las evaluaciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (Disan). Sin embargo, el proceso enfrenta la lupa preventiva de la Procuraduría tras señalamientos por requisitos financieros ajustados a su perfil operativo.
Un mercado millonario de la salud con un único actor predominante
La provisión y dispensación de medicamentos ambulatorios y hospitalarios para los uniformados activos, retirados y sus beneficiarios en el país volvió al centro del debate institucional. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (Disan) adelantó la fase final de la licitación pública por un valor estimado de $1,45 billones de pesos, cuyo periodo de ejecución garantizaría la operación del servicio hasta el año 2029.
Dentro de la ponderación de ofertas, la firma Éticos Serrano Gómez Ltda. —farmacéutica vinculada históricamente a las inversiones del clan empresarial barranquillero Char— consolidó la puntuación más alta del pliego de condiciones. El liderazgo de la compañía en el proceso refrenda una hegemonía comercial que inició formalmente en 2023. Esta trayectoria se consolidó mediante acuerdos marco fijados durante la administración anterior, prórrogas directas por urgencia manifiesta tras la caída de dicho acuerdo y posteriores uniones temporales celebradas con otras filiales del mismo conglomerado.
La controversia por los «pliegos sastre»: Los topes financieros bajo sospecha
El nudo analítico de la licitación se concentra en las especificaciones técnicas e indicadores financieros fijados por la Disan para evaluar la capacidad de los oferentes. Varios competidores del sector farmacéutico han puesto de presente que las exigencias relativas al índice de endeudamiento y la capacidad operativa inmediata generan una barrera de entrada para otros distribuidores del país.
El pliego definitivo estableció un tope de endeudamiento máximo cuyo margen se ubicó apenas 1,6 puntos porcentuales por encima del indicador financiero actual registrado por Éticos Serrano Gómez. Para los analistas del sector, un margen tan ajustado en los requerimientos financieros reduce significativamente el universo de habilitación, dejando a competidores de gran escala por fuera del margen habilitante o forzándolos a un margen de maniobra inexistente.
ASPECTOS TÉCNICOS Y REQUISITOS EN DISPUTA
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[Requisito Financiero] ---> Indice de endeudamiento fijado a 1,6% del registro de Éticos.
[Tiempos de Empalme] ---> Plazos reducidos de montaje logístico que favorecen al operador actual.
[Capacidad de Red] ---> Exigencia de infraestructura física y dispensatorios preexistentes.
[Cuestionamiento] ---> Reducción de la libre concurrencia de proponentes en el SECOP.
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Vigores y contrapesos: Entre la capacidad logística y la vigilancia de control
Frente a las críticas y las denuncias sobre presuntos «pliegos a la medida», el debate presenta dos visiones contrapuestas:
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La posición defensiva e idoneidad técnica: Desde la perspectiva operativa, la empresa defensora y los evaluadores destacan que la distribución de medicamentos para la Policía requiere una infraestructura logística madura, con presencia directa en zonas apartadas, capacidad de almacenamiento frío garantizada y músculo financiero para soportar la cartera que históricamente arrastran las entidades de salud del Estado. Bajo este argumento, los requisitos estrictos responden a la necesidad de evitar el desabastecimiento de medicamentos a miles de familias de la fuerza pública.
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La alerta institucional y la libre competencia: Por su parte, la Procuraduría General de la Nación mantiene un seguimiento preventivo y mesas técnicas de trabajo sobre la Disan para revisar las observaciones hechas al pliego contractual. El órgano de control evalúa si los criterios de selección vulneran los principios de transparencia, objetividad y pluralidad de oferentes consagrados en la Ley 80 de 1993, buscando descartar cualquier direccionamiento que favorezca la consolidación de un monopolio de la salud policial en el largo plazo.
La decisión final de la Disan sobre la adjudicación formal definirá si la provisión de medicamentos queda amarrada a un único actor empresarial hasta finales de la década o si la intervención de los organismos de control reorienta los términos de la contratación pública en las Fuerzas Militares.
Con informacion revista Cambio y la FM
