Mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz documentarían contactos y reuniones con el expresidente del Senado Iván Name, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, en fechas que la Fiscalía relaciona con la presunta entrega de sobornos por 3.000 millones de pesos.
La información, publicada el 21 de octubre por la revista Semana, señala que el análisis de las conversaciones permitiría reconstruir encuentros ocurridos en septiembre y octubre de 2023, durante el periodo en que, según la investigación, se habría coordinado la entrega del dinero a Name para obtener respaldo político a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.
El contenido del teléfono de Ortiz cobra relevancia en uno de los capítulos más delicados del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, los mensajes y las agendas citados deben analizarse junto con las demás pruebas del expediente para establecer qué papel habría desempeñado cada persona.
El almuerzo que habría reunido a Name, Ortiz y Carlos Ramón González
Según la publicación, el 21 de septiembre de 2023 Iván Name le escribió a Ortiz para proponerle un almuerzo a la una de la tarde y pedirle que coordinara con Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
La conversación citada registra una respuesta afirmativa de Ortiz. Además, una agenda que habría sido enviada por Lina Ortiz, secretaria de la exconsejera, incluía un almuerzo con González y Name para el día siguiente de su elaboración.
Un análisis de la Dijín citado por Semana habría identificado ese encuentro como una de las reuniones relevantes para reconstruir los hechos. Ese mismo día, Ortiz también le escribió a Olmedo López para decirle que necesitaba hablar con urgencia.
La publicación sostiene que el encuentro habría sido parte de las gestiones para conseguir el respaldo de Name, quien entonces presidía el Senado. También menciona la posible relación de estas conversaciones con la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. El alcance de esas gestiones deberá establecerse a partir de las pruebas incorporadas formalmente a los procesos.
Reuniones antes de la presunta entrega de los $3.000 millones
El informe citado en la investigación periodística ubica nuevos encuentros los días 25 de septiembre, 12 de octubre y 13 de octubre de 2023.
De acuerdo con Semana, el 25 de septiembre Ortiz habría coordinado una reunión con López en una suite del Hotel Tequendama. La publicación también señala que el 12 de octubre la exconsejera habría tenido contactos con funcionarios de la UNGRD y se habría reunido con López para tomar un café.
Ese día, según la reconstrucción periodística, se habría producido la primera entrega de 1.500 millones de pesos. La segunda parte, por la misma cantidad, habría sido entregada el 13 de octubre.
Los chats reproducidos en el artículo muestran conversaciones sobre encuentros, horarios y la coordinación de citas. Entre los mensajes citados aparecen referencias a un “tinto” y a unas “onces”, expresiones cuyo significado dentro de la presunta operación depende de su contexto y de la relación con las demás evidencias.
La revista también reporta numerosos intentos de comunicación entre Ortiz, Name y Pinilla durante el periodo investigado. Esos registros pueden contribuir a reconstruir los contactos, aunque por sí solos no prueban que en una llamada o reunión se haya entregado dinero.
La pregunta sobre el uso de las pruebas
Uno de los puntos que plantea la publicación es por qué el contenido extraído del teléfono de Ortiz no habría sido presentado, según el medio, en las audiencias de los procesos relacionados con el escándalo.
Para determinar la relevancia procesal de esos archivos, es necesario conocer el informe completo de extracción, las conclusiones de los investigadores, la cadena de custodia y las decisiones de la Fiscalía sobre su incorporación como evidencia. La información publicada no permite establecer por sí sola por qué determinados elementos no habrían sido utilizados en audiencia.
El caso de la UNGRD investiga un presunto esquema de corrupción en el que contratos y recursos públicos habrían sido utilizados para conseguir apoyos políticos. En ese contexto, la participación atribuida a Sandra Ortiz y el supuesto papel de Iván Name forman parte de una investigación que debe resolverse con base en pruebas y decisiones judiciales.
Los chats conocidos añaden detalles sobre fechas, contactos y encuentros que podrían ser relevantes para reconstruir lo ocurrido. La cuestión central sigue siendo qué logran demostrar esos registros, cómo se relacionan con las demás pruebas y qué conclusiones han adoptado formalmente las autoridades.