Una obra presentada como solución para comunidades del Atlántico vuelve al centro de las críticas por el estado de las vías de acceso. La denuncia cuestiona la gestión del gobernador Eduardo Verano de la Rosa y contrasta su discurso de desarrollo con las condiciones que enfrentan los habitantes de estas poblaciones.
Redacción PLV en el Atlántico
La imagen habla por sí sola y abre una pregunta incómoda para la Gobernación del Atlántico: ¿qué pasó con las promesas de mejoramiento vial que se presentaron como una solución para Guaimaral, Tubará y Paluato, en jurisdicción de Galapa?
Una denuncia ciudadana volvió a poner sobre la mesa el estado de las vías de acceso a estas comunidades, al comparar una fotografía que el gobernador Eduardo Verano de la Rosa habría presentado como símbolo de esperanza para la zona con las condiciones que, según el denunciante, se observan después de varios meses y hasta cuatro años.
El señalamiento apunta directamente a la administración departamental, a la que se le reclama falta de atención, abandono y ausencia de soluciones duraderas para las comunidades que dependen de estas carreteras para movilizarse.
La controversia tiene un componente político evidente. Mientras el gobernador habla de proyectar un «Atlántico internacional», habitantes y denunciantes cuestionan que todavía existan poblaciones cuyos accesos viales son motivo de reclamo. La pregunta es legítima: ¿cómo se pretende vender una imagen de desarrollo y competitividad si las condiciones de conectividad de algunas comunidades siguen generando inconformidad?
Las promesas bajo la lupa
El reclamo no se limita al estado actual de una vía. También cuestiona el destino de las expectativas creadas cuando se presentó la intervención como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Guaimaral, Tubará y Paluato.
Cuando una obra pública se anuncia como respuesta a una necesidad comunitaria, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se ejecutó, cuánto costó, cuál era el plazo de entrega y qué entidad debe responder por su mantenimiento.
Por eso, la Gobernación del Atlántico debe explicar si los trabajos anunciados se terminaron, qué recursos se invirtieron, si hubo contratos de mantenimiento posteriores y qué medidas contempla para atender las condiciones denunciadas.
Si la intervención fue ejecutada, corresponde establecer si cumple con las especificaciones previstas y si las condiciones actuales obedecen a deterioro, falta de mantenimiento u otros factores. Si quedaron obras pendientes, también es necesario precisar por qué y cuándo se resolverán.
¿Dónde está la respuesta de la Gobernación?
La denuncia plantea una discusión sobre las prioridades de la administración departamental. Para las comunidades que dependen de estas vías, el acceso en condiciones adecuadas puede incidir en sus desplazamientos cotidianos, el transporte de productos, la llegada de servicios y la conexión con otros municipios.
Sin embargo, para establecer el alcance real de las afectaciones es necesario conocer el estado técnico de los tramos señalados, las condiciones de movilidad y los reportes oficiales sobre las intervenciones realizadas.
Hasta contar con esa información, el contraste entre la imagen promocional y la situación denunciada exige explicaciones concretas, especialmente sobre los compromisos adquiridos y los recursos públicos destinados a cumplirlos.
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa tiene la responsabilidad política de responder por la gestión de su administración y aclarar qué acciones se han tomado frente a los reclamos. La ciudadanía necesita fechas, contratos, presupuestos y soluciones verificables, no solamente anuncios.
La pregunta queda planteada:
¿el «Atlántico internacional» también contempla a Guaimaral, Tubará y Paluato, o estas comunidades tendrán que seguir esperando por vías en condiciones adecuadas?