Una nueva controversia rodea a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A las críticas relacionadas con sus resultados, el manejo de recursos públicos y las actuaciones que algunos sectores consideran revictimizantes, se suma ahora una denuncia sobre una presunta “puerta giratoria” en los cargos directivos de la entidad.
La denuncia fue expuesta por víctimas de las Farc, entre ellas el exdiputado del Valle del Cauca y sobreviviente del secuestro, Sigifredo López, quien llegó a Bogotá para conocer y poner en conocimiento público señalamientos provenientes, según afirmó, de personas vinculadas al interior de la JEP.
El cuestionamiento apunta a que algunos funcionarios con cargos de alta responsabilidad podrían garantizar su permanencia en la entidad mediante relaciones, recomendaciones o mecanismos de contratación que favorecerían su continuidad.
López planteó incluso la existencia de una dinámica de intercambio de apoyos que resumió con la expresión “yo te elijo, tú me eliges”.
“Creo y ojalá yo esté equivocado, que se debe al ‘yo te elijo, tú me eliges’”, manifestó el exdiputado al referirse a uno de los casos que, según su denuncia, genera interrogantes sobre la forma en que algunos funcionarios llegan a posiciones de poder y posteriormente son ratificados.
Uno de los casos mencionados está relacionado con un funcionario que tendría responsabilidades en materia de contratación dentro de la JEP y que previamente habría tenido vínculos con organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos.
Según los señalamientos divulgados, esa experiencia internacional habría facilitado su llegada a la jurisdicción y posteriormente su permanencia en cargos de responsabilidad.
López cuestionó particularmente la eventual existencia de relaciones cruzadas entre quienes participan en procesos de selección y quienes posteriormente tienen capacidad de decisión dentro de la entidad.
La denuncia abre interrogantes sobre los mecanismos de selección, contratación y permanencia de funcionarios en posiciones directivas de la JEP, así como sobre los controles destinados a evitar eventuales conflictos de interés.
Los cuestionamientos se producen además en medio de un debate político sobre el futuro de la jurisdicción. El presidente Abelardo De La Espriella había planteado inicialmente la posibilidad de eliminar la JEP, aunque posteriormente su Gobierno ha señalado que optará por ejercer un “control crítico” sobre su funcionamiento.
Por ahora, los señalamientos sobre una supuesta puerta giratoria corresponden a denuncias formuladas por víctimas y deberán ser contrastados con documentos, procedimientos de contratación y decisiones oficiales de la propia JEP.
La eventual existencia de irregularidades tendría que ser establecida por las autoridades competentes, mientras que la jurisdicción está llamada a explicar públicamente cómo funcionan los procesos de selección y permanencia de sus funcionarios y qué mecanismos existen para garantizar transparencia e independencia.
Para las víctimas que han elevado estos cuestionamientos, el debate va más allá de nombres y cargos: se trata de establecer si quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos y tomar decisiones dentro de la JEP están sometidos a controles suficientes para impedir que se consoliden redes de poder al interior de la institución.