La controversia alrededor del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández tomó un nuevo rumbo luego de que la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) solicitara que se separe temporalmente de sus funciones mientras avanzan las investigaciones relacionadas con su posible vinculación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición fue presentada en medio de las actuaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de establecer si existen responsabilidades del magistrado frente a los hechos que son objeto de investigación.
Fede sostuvo que la solicitud de separación temporal no constituye una acusación ni implica anticipar una conclusión sobre la responsabilidad de Fernández. Según la organización, el objetivo es proteger la independencia, imparcialidad y credibilidad de la Corte Constitucional mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos.
“Esta medida no comporta una valoración sobre su responsabilidad ni sustituye las competencias de las autoridades encargadas de investigarlo”, señaló la fundación.
La organización insistió en que el magistrado debería apartarse temporalmente mientras se determina si tuvo algún tipo de participación o responsabilidad en las actuaciones relacionadas con la UNGRD.
Piden avanzar con celeridad en la investigación
Fede también hizo un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que adelante con prontitud y rigor las actuaciones necesarias para determinar si Fernández tuvo alguna responsabilidad en el entramado de corrupción que se investiga dentro de la entidad.
La controversia se intensificó después de que la revista Cambio publicara conversaciones atribuidas al magistrado y a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien ha sido condenado por hechos de corrupción relacionados con esa entidad.
Según las publicaciones, los intercambios se habrían producido durante un periodo en el que Fernández pasó de ocupar el cargo de secretario jurídico de la Presidencia a convertirse en magistrado de la Corte Constitucional.
Los chats publicados han generado cuestionamientos sobre posibles gestiones y contactos relacionados con la UNGRD. Sin embargo, las publicaciones y las investigaciones en curso no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal o disciplinaria contra Fernández.
La Corte Constitucional responde
En medio de la polémica, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento en el que recordó que sus magistrados están cobijados por la presunción de inocencia y cuentan con todas las garantías constitucionales mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes.
Aunque la corporación no mencionó directamente a Fernández, señaló que los magistrados deben estar dispuestos a entregar las explicaciones que sean requeridas dentro de los procedimientos establecidos por la ley.
La Corte también manifestó que respetará las decisiones que adopten las autoridades encargadas de investigar los hechos.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la defensa del carácter colegiado de las decisiones del alto tribunal. La corporación sostuvo que sus determinaciones son producto de un proceso de deliberación jurídica y que las situaciones personales de alguno de sus integrantes no afectan, por sí mismas, la validez de esas decisiones.
Ahora será la Comisión de Acusación de la Cámara la que deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos que involucran al magistrado, mientras continúa el debate sobre si debe apartarse temporalmente de sus funciones durante el desarrollo de las investigaciones.
Por ahora, la controversia se mantiene en el terreno de las investigaciones y los cuestionamientos públicos, sin que exista una decisión definitiva que determine responsabilidad de Vladimir Fernández por los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD.