El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del exsenador Iván Leónidas Name Vásquez, elegido para el periodo constitucional 2022-2026, por hechos relacionados con la recepción de dinero proveniente de una estructura vinculada al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la decisión reseñada por el alto tribunal, la conducta atribuida a Name se relacionó con un esquema en el que participaron los entonces funcionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de otros altos funcionarios del Estado, entre ellos Carlos Ramón González y Sandra Ortiz.
Según lo establecido en la decisión, las entregas de dinero habrían estado relacionadas con acuerdos destinados a favorecer el trámite de iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso, entre ellas la reforma pensional.
El Consejo de Estado señaló que durante su condición de congresista Name recibió una suma de dinero derivada de ese acuerdo, cuyos recursos públicos estaban destinados inicialmente a atender necesidades del departamento de La Guajira.
La corporación judicial consideró que estos hechos configuraron la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias y concluyó que la actuación del entonces senador resultó incompatible con los principios de representación democrática y con los deberes éticos asociados al ejercicio de la función congresional.
La decisión tiene consecuencias políticas y jurídicas relevantes para Name, pues la pérdida de investidura implica que no podrá volver a ocupar una curul en el Congreso de la República.
El caso tiene como antecedente el escándalo de corrupción alrededor de la UNGRD, investigación que puso bajo la lupa el supuesto manejo irregular de recursos públicos y su utilización para obtener respaldo político a proyectos del Gobierno en el Congreso.
La decisión sobre Name se suma a otras actuaciones judiciales derivadas de este caso y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre la gestión de recursos públicos, las negociaciones políticas y el trámite de reformas legislativas.
El Consejo de Estado precisó que la conducta analizada afectó, además, la dignidad del cargo y los principios de rectitud, pulcritud y decoro que deben orientar el ejercicio de la representación política.
Con esta decisión, la situación jurídica y política del exsenador queda marcada por una sanción de pérdida de investidura, derivada de hechos que el alto tribunal consideró acreditados dentro del proceso correspondiente.