El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que su Ejecutivo trabaja para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un nuevo decreto-ley de vivienda, pocos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda donde había residido durante más de siete décadas.
Sánchez se refirió directamente al caso este domingo durante un acto político en Getafe, Madrid, donde aseguró que el Gobierno está trabajando “a contrarreloj” para sacar adelante la nueva normativa y pidió a los grupos parlamentarios respaldarla cuando llegue al Congreso.
El caso de Maricarmen generó una amplia reacción social en España. La mujer fue desalojada el pasado 23 de septiembre de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro, después de varios intentos de lanzamiento que habían sido aplazados. Finalmente, tuvo que abandonar el inmueble y fue trasladada en ambulancia.
La situación de la mujer se originó después de que la propiedad del inmueble cambiara de manos y se planteara un incremento considerable del alquiler. Según RTVE, Maricarmen llevaba décadas viviendo en el apartamento y pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras la sociedad propietaria reclamaba un alquiler de 2.650 euros.
El desahucio provocó movilizaciones de vecinos y organizaciones que reclaman mayores garantías para las personas en situación de vulnerabilidad frente a los desalojos. El caso también abrió una nueva discusión política sobre las medidas que debe adoptar el Estado para enfrentar la crisis de vivienda.
Sánchez ya había anunciado el 23 de septiembre, desde Nueva York, que el Gobierno presentaría de manera urgente un nuevo real decreto de vivienda. En esa ocasión calificó el desahucio de Maricarmen como una “tragedia social” y pidió a los grupos parlamentarios facilitar su aprobación.
Ahora, el Ejecutivo busca concretar la iniciativa en el Consejo de Ministros y posteriormente someterla al trámite parlamentario correspondiente. El Gobierno sostiene que la nueva normativa pretende reforzar las medidas frente a la crisis habitacional y evitar situaciones de vulnerabilidad similares.