La prestación del servicio de transporte entre los municipios de Sitionuevo, Remolino y Barranquilla permanece afectada debido a una serie de amenazas y exigencias económicas que habrían obligado a una empresa transportadora a suspender temporalmente la operación de sus buses.
De acuerdo con la denuncia conocida, la empresa Riomag llevaría alrededor de siete meses siendo víctima de extorsiones por parte de personas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo. Durante este periodo, la compañía habría entregado cerca de 25 millones de pesos, correspondientes a cobros periódicos de aproximadamente 100.000 pesos por cada vehículo.
Sin embargo, la situación se habría agravado con una nueva exigencia económica. Según la denuncia, los responsables advirtieron que, si los conductores salían a trabajar sin realizar el pago, los buses serían incendiados y también atentarían contra las personas que se encontraran a bordo.
La intimidación habría llegado incluso a la interceptación de uno de los vehículos en días recientes. En ese episodio, los responsables habrían exigido que los representantes de la empresa establecieran comunicación con un hombre que se identificó con el alias de “comandante Roberto”.
Pero detrás de las amenazas y las extorsiones existiría, según la denuncia, otro interés: favorecer el transporte informal que estaría operando en la zona.
Se trataría de camionetas tipo van y vehículos particulares que prestarían el servicio de transporte de pasajeros de manera ilegal, principalmente dentro de Sitionuevo y Remolino. La denuncia apunta a que estas actividades estarían siendo controladas o favorecidas por estructuras criminales.
Aunque recientemente se habría desarrollado un operativo contra este tipo de transporte ilegal, la acción no habría permitido llegar hasta los principales responsables. Según la información conocida, durante el procedimiento habría sido utilizado un menor de edad, situación que habría impedido materializar la captura de quienes estarían detrás de la actividad.
La suspensión de la ruta afecta directamente a los habitantes de Sitionuevo y Remolino, quienes dependen de este servicio para sus desplazamientos hacia Barranquilla y otros sectores del departamento.
Los usuarios afectados hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen las denuncias de extorsión, determinen quiénes están detrás de las amenazas y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros, así como la reactivación del servicio de transporte formal.
Por ahora, la situación mantiene en incertidumbre la movilidad de cientos de personas que utilizan diariamente esta ruta.