La exjefa de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, se declaró inocente y rechazó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades relacionadas con la prueba de polígrafo practicada a su entonces niñera, Marelbys Meza.
Durante la audiencia ante la juez primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Sarabia respondió de manera negativa cuando fue consultada sobre si aceptaba los delitos atribuidos por el ente acusador.
“No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”, manifestó.
La Fiscalía, a través de la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
El caso se remonta al 29 de enero de 2023, cuando se reportó la pérdida de un maletín con dinero en el apartamento de Sarabia. Según la hipótesis de la Fiscalía, la entonces funcionaria habría contactado al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago y le habría ordenado que se practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza.
Para el ente investigador, Sarabia habría utilizado su posición dentro de la Presidencia para disponer de recursos y equipos estatales con el propósito de resolver un asunto que, según la Fiscalía, correspondía a un interés personal.
La fiscal Hernández sostuvo durante la audiencia que Sarabia habría actuado por fuera de las competencias que tenía como jefa del despacho presidencial y que habría impartido una instrucción al coronel Feria pese a que esa atribución no hacía parte de sus funciones.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el supuesto uso de los equipos de poligrafía de la Presidencia. De acuerdo con la Fiscalía, estos elementos estaban destinados a procedimientos relacionados con la seguridad y confiabilidad de funcionarios y personas vinculadas a esquemas de protección, no a investigaciones particulares sobre la pérdida de dinero.
Así fue el procedimiento a Marelbys Meza
La Fiscalía señaló que el 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue trasladada por personal de seguridad hasta unas instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ubicadas en el edificio Galán, en el centro de Bogotá.
Allí habría sido sometida durante aproximadamente tres o cuatro horas a una prueba de polígrafo que quedó registrada en un DVD.
Según la acusación, las preguntas estuvieron relacionadas específicamente con la desaparición del dinero del maletín de Sarabia.
La Fiscalía también cuestionó las condiciones en las que se habría realizado el procedimiento y aseguró que existía una relación de poder entre Sarabia y Meza que habría limitado la posibilidad de la entonces empleada de negarse a realizar la prueba.
“Usted sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia”, sostuvo la fiscal durante la audiencia, al referirse a la actuación que atribuye a Sarabia.
Fiscalía cuestiona supuesto uso del poder presidencial
Durante su intervención, la representante del ente acusador insistió en que la cercanía de Sarabia con la Presidencia de la República le habría otorgado una posición de poder que, según la hipótesis de la Fiscalía, fue utilizada para ordenar la activación de recursos estatales en un asunto particular.
El ente investigador considera que la utilización de los equipos de poligrafía para este propósito habría afectado el correcto funcionamiento de la administración pública y constituiría un uso indebido de bienes estatales.
La Fiscalía también sostuvo que Sarabia conocía las funciones que tenía asignadas y las restricciones para utilizar recursos de la Presidencia, por lo que considera que habría actuado de manera consciente al ordenar el procedimiento.
Sin embargo, Sarabia no aceptó ninguno de los cargos y será la justicia la encargada de determinar, con base en las pruebas que sean presentadas durante el proceso, si incurrió o no en las conductas que le atribuye la Fiscalía.
El caso vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos que rodearon a la entonces jefa de Gabinete de Petro y que posteriormente derivó en una investigación más amplia sobre el manejo de recursos y mecanismos de seguridad del Estado.