Juan Camilo Restrepo pide formalizar denuncias tras acusaciones de De La Espriella sobre supuesto “saqueo” al Estado

Las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella sobre la situación fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro provocaron nuevas reacciones en el ámbito económico y político. Entre ellas, la del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien reclamó que las denuncias planteadas por el mandatario sean llevadas formalmente ante las autoridades competentes.

Restrepo calificó como determinante la semana que comienza, especialmente porque este lunes el Congreso de la República deberá avanzar en una decisión clave sobre el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El proyecto contempla un presupuesto cercano a los $635 billones, una cifra superior a los aproximadamente $575 billones planteados por la administración anterior. Sin embargo, el exministro advirtió que el debate no debería reducirse exclusivamente a la discusión sobre cuánto dinero gastará el Estado.

Según Restrepo, el propio presidente De La Espriella planteó durante su reciente alocución una estrategia basada en la reducción del gasto público y en la revisión de compromisos que, según el Gobierno, habrían quedado ocultos o sin suficiente respaldo durante la administración anterior.

Restrepo pide que las denuncias lleguen a las autoridades

Uno de los puntos que más llamó la atención en la declaración del exministro fue su referencia a las acusaciones sobre un supuesto manejo irregular de los recursos públicos durante los últimos meses del gobierno Petro.

Restrepo sostuvo que las denuncias formuladas por el actual mandatario deberían trascender el escenario político y convertirse en actuaciones formales ante las autoridades judiciales y de control.

“Las graves denuncias que hizo anoche el presidente, sobre el desmanejo fiscal de la administración Petro en sus últimas semanas, y sobre todo la orgía contractual de sus últimas semanas ($10 billones en los últimos días de la administración Petro), constituyen graves indicios de múltiples delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno anterior contra la administración pública y contra las leyes presupuestales”, afirmó el exministro, según el reporte conocido.

La declaración pone nuevamente en el centro del debate el manejo de los recursos públicos durante el cierre de la administración anterior y las decisiones contractuales adoptadas en sus últimos días.

No obstante, las acusaciones deberán ser sustentadas ante las autoridades correspondientes y, de existir investigaciones, serán estas las encargadas de establecer si hubo o no responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

El presupuesto de 2027, en el centro de la discusión

La discusión adquiere especial relevancia porque el Congreso debe definir el monto del presupuesto para el próximo año en medio de un escenario de presión sobre las finanzas públicas.

La cifra de $635 billones ha generado cuestionamientos por su tamaño, especialmente frente a la necesidad de reducir el déficit y controlar el gasto. Para Restrepo, sin embargo, parte del incremento estaría relacionado con la necesidad de hacer explícitas obligaciones y gastos que, según las denuncias del actual Gobierno, no habrían quedado suficientemente reflejados durante la administración anterior.

El exministro insistió en que la prioridad debe ser ordenar las cuentas públicas y adoptar decisiones que permitan recuperar el equilibrio fiscal.

La discusión que se inicia en el Congreso será, por tanto, doble: por un lado, determinar cuánto podrá gastar el Estado durante 2027 y, por otro, establecer de dónde saldrán los recursos para financiar ese presupuesto en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país.

Mientras tanto, las afirmaciones de De La Espriella sobre el supuesto “saqueo” de las finanzas públicas abren otro frente de debate: si existen evidencias de posibles irregularidades, ¿cuándo serán presentadas oficialmente ante la Fiscalía, la Contraloría y las demás autoridades competentes?

Para Restrepo, la gravedad de las acusaciones amerita que ese paso se dé y que las denuncias sean sometidas al escrutinio de las instituciones encargadas de determinar si efectivamente hubo delitos contra el erario.

Economía y Finanzas

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