El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, encendió las alarmas frente al presupuesto asignado a la entidad para 2027 y advirtió que existe una diferencia de $125.000 millones frente a los recursos que, según la jurisdicción, necesita para cumplir con sus obligaciones durante el próximo año.
La advertencia fue realizada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde Ramelli explicó que inicialmente la JEP presentó una solicitud presupuestal por $947.642 millones, pero posteriormente la cifra fue reducida a aproximadamente $821.000 millones.
“El tema del presupuesto es dramático”, manifestó el magistrado, quien insistió en que el recorte podría tener consecuencias precisamente cuando la jurisdicción entra en una etapa considerada clave: el cierre de varias investigaciones y la consolidación de las decisiones judiciales.
Ramelli aclaró que los recursos solicitados no corresponden exclusivamente a la labor de los magistrados de la JEP. El presupuesto también debe garantizar el funcionamiento de la Secretaría Judicial, la Magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Por ello, rechazó que el aumento solicitado pueda interpretarse como una pretensión de ampliar la burocracia de la entidad.
“Ni estamos pidiendo prórrogas, ni estamos pidiendo que nos amplíen nada. Estoy diciendo que estamos cumpliendo y, por eso, es tan importante el presupuesto del próximo año, porque es el presupuesto del cierre de las investigaciones”, sostuvo.
JEP advierte posibles dificultades para cerrar investigaciones
Uno de los principales argumentos expuestos por el presidente de la JEP es que la carga de trabajo de la jurisdicción continúa aumentando.
Según Ramelli, cada año se incrementa el número de víctimas y comparecientes vinculados a los procesos, situación que también ha generado un aumento en las audiencias y en las labores de investigación.
En ese contexto, la reducción presupuestal podría afectar diferentes actividades que la JEP considera necesarias para cumplir con su mandato.
“Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, advirtió.
La discusión presupuestal adquiere especial relevancia porque la JEP enfrenta una etapa decisiva dentro de su funcionamiento, con investigaciones que buscan avanzar hacia decisiones judiciales y mecanismos de seguimiento a las sanciones que correspondan.
Ahora será el Congreso el escenario donde continuará el debate sobre los recursos para 2027 y si la partida prevista resulta suficiente para garantizar el funcionamiento de la jurisdicción.
La advertencia de Ramelli deja planteado un interrogante de fondo: ¿puede la JEP cumplir con el cierre de sus investigaciones y responder a las víctimas si finalmente debe operar con $125.000 millones menos de lo solicitado?