La aplicación del nuevo esquema de ahorro de energía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) provocó una nueva reacción en la región Caribe. La Personería de Santa Marta presentó una acción de tutela contra la medida, al considerar que el mecanismo no tiene en cuenta las condiciones climáticas particulares que enfrentan los habitantes de esta zona del país.
La acción judicial fue dirigida contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía y busca que se establezca un tratamiento diferencial para los usuarios del Caribe, especialmente frente a los cobros adicionales previstos para quienes superen determinados niveles históricos de consumo.
El personero de Santa Marta, Edwar Orozco, explicó que desde el Ministerio Público se vienen impulsando diferentes acciones para defender los derechos de los usuarios de los servicios públicos en el departamento y en la región.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el límite establecido por el programa: los usuarios que superen el 110 % de su consumo histórico individual podrían recibir un cobro adicional en su factura, mientras que quienes reduzcan su consumo tendrían acceso a incentivos.
“No se puede comparar al Caribe con Bogotá”
Para la Personería de Santa Marta, el problema radica en aplicar una misma fórmula a regiones que tienen realidades climáticas y necesidades de consumo completamente diferentes.
Orozco cuestionó que se utilice como referencia el comportamiento histórico del consumo sin considerar que en ciudades del Caribe las altas temperaturas obligan a utilizar durante más tiempo equipos como ventiladores y aires acondicionados.
“No se puede comparar a los usuarios de la región Caribe con los de Bogotá, es imposible, porque nosotros no tenemos las mismas condiciones”, manifestó el personero.
La tutela invoca la protección de derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y el mínimo vital, además del derecho a la vida y a la salud en relación con el acceso al servicio público domiciliario de energía eléctrica.
El objetivo es que los usuarios del Caribe reciban un tratamiento diferencial y que las condiciones climáticas de la región sean incorporadas al momento de aplicar el esquema de ahorro.
Barranquilla también cuestiona la medida
El debate no se quedó en Santa Marta. Durante la Asamblea Nacional de Personeros realizada en Barranquilla, el personero distrital, Miguel Ángel Alzate, manifestó su inconformidad con la aplicación de la medida sin considerar las particularidades del Caribe.
Aunque reconoció la necesidad de promover el ahorro energético, sostuvo que los usuarios de esta región no pueden ser medidos bajo los mismos parámetros que quienes habitan territorios con temperaturas considerablemente más bajas.
“Se nos trata por igual frente a otras regiones del país que tienen condiciones climáticas totalmente distintas”, afirmó Alzate.
El funcionario insistió en que el mayor consumo de energía en el Caribe no necesariamente responde a un asunto de comodidad, sino a la necesidad de utilizar sistemas de ventilación y refrigeración para enfrentar las altas temperaturas.
La tutela ya fue admitida
La acción judicial presentada por la Personería de Santa Marta ya fue admitida y ahora deberá resolverse dentro del término legal correspondiente.
Mientras avanza el trámite, las personerías de la región esperan que la discusión permita revisar la forma en que se implementará el programa y que se reconozcan las diferencias existentes entre las regiones del país.
El reclamo plantea una discusión de fondo: si el ahorro energético debe ser una política nacional, ¿puede aplicarse exactamente la misma fórmula en una región donde las temperaturas y las necesidades de consumo son sustancialmente distintas?
Para los representantes del Ministerio Público en el Caribe, la respuesta debería contemplar esas diferencias antes de que los usuarios terminen pagando las consecuencias en sus facturas.