La posición asumida por la Procuraduría General de la Nación en el proceso que busca establecer si el exsenador Iván Name debe perder su investidura por hechos relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) abrió un nuevo frente de discusión.
El Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado desestimar la demanda de pérdida de investidura contra Name al considerar que no existirían pruebas suficientes para demostrar que, desde la Presidencia del Senado, hubiera ejercido presión sobre la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz para facilitar el supuesto pago de $3.000 millones.
Pero la postura de la Procuraduría plantea una pregunta de fondo: ¿realmente no existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad política de Name o las pruebas simplemente no alcanzan el estándar que exige la pérdida de investidura?
La diferencia no es menor.
El proceso se originó en una demanda presentada por el veedor Juan Carlos Calderón España, quien sostiene que Name habría utilizado su posición como presidente del Senado durante 2023 para influir en Sandra Ortiz y, presuntamente, facilitar contactos con Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la UNGRD, alrededor del supuesto entramado de corrupción que terminó sacudiendo a la entidad.
Name, actualmente detenido dentro de las investigaciones relacionadas con el caso, enfrenta así dos escenarios diferentes: por un lado, las consecuencias judiciales que puedan derivarse de las investigaciones penales y, por otro, la eventual pérdida de su investidura como congresista.
Es precisamente en este segundo escenario donde la intervención de la Procuraduría genera cuestionamientos.
La pregunta que queda planteada es si la ausencia de una prueba directa que demuestre una orden expresa o una presión concreta de Name resulta suficiente para descartar una eventual responsabilidad política, especialmente en un expediente en el que se investigan presuntas gestiones, intermediaciones y actuaciones realizadas desde las altas esferas del poder.
La Procuraduría considera que no logró acreditarse que Name hubiera utilizado su cargo para intervenir en el supuesto pago del dinero. Sin embargo, será el Consejo de Estado el que tendrá la última palabra sobre la existencia o no de los elementos necesarios para decretar la pérdida de investidura.
Y ahí aparece otro punto clave: el concepto de la Procuraduría no equivale a una decisión judicial definitiva.
El Consejo de Estado puede acoger sus argumentos, apartarse de ellos o realizar una valoración diferente del material probatorio que reposa en el expediente.
Por eso, la controversia no termina con la solicitud del Ministerio Público. Al contrario, la intervención de la Procuraduría pone nuevamente el foco sobre la pregunta que ha acompañado el caso desde el comienzo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad política de un congresista cuando existen señalamientos sobre posibles gestiones relacionadas con un esquema de corrupción, pero no se cuenta con una prueba directa que demuestre su intervención?
También resulta inevitable preguntarse si el estándar utilizado para analizar la pérdida de investidura debe limitarse exclusivamente a encontrar una evidencia directa de una actuación concreta o si, por el contrario, corresponde valorar de manera integral las circunstancias, relaciones, actuaciones y posibles beneficios derivados de una conducta.
La discusión es especialmente sensible porque la pérdida de investidura es una de las sanciones más severas que puede enfrentar un congresista. No se trata simplemente de abandonar una curul: sus consecuencias pueden afectar la posibilidad de volver a ocupar un cargo de elección popular.
En ese contexto, tanto la defensa de Name como quienes impulsan la demanda tienen argumentos que deberán ser examinados con rigor.
La Procuraduría ya fijó su posición: considera que no existen pruebas suficientes para respaldar la pérdida de investidura. Ahora el balón está en la cancha del Consejo de Estado.
La decisión será determinante para establecer si los elementos recopilados alrededor del caso UNGRD son suficientes para acreditar una conducta que comprometa la investidura de Name o si, como sostiene el Ministerio Público, las acusaciones no lograron superar el umbral probatorio requerido.
Mientras tanto, el interrogante permanece abierto: ¿la Procuraduría está haciendo una estricta valoración jurídica de las pruebas o está dejando pasar una oportunidad para esclarecer hasta dónde llegó la influencia política alrededor del escándalo de la UNGRD?
La respuesta, por ahora, tendrá que esperar al pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado.