El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó una respuesta internacional que incluyó equipos de rescate, alimentos, medicamentos, carpas, suministros médicos y también importantes aportes económicos.

Sin embargo, mientras el Gobierno Nacional avanza en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, comienzan a surgir interrogantes sobre el destino, la ejecución y la trazabilidad de los recursos económicos anunciados por gobiernos extranjeros.

La información oficial de la Cancillería permite establecer que varios países comprometieron recursos monetarios para atender la emergencia. Pero también deja claro que una parte importante de ese dinero no fue entregada directamente al Gobierno colombiano, sino canalizada a través de organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

Estos son los principales aportes económicos identificados públicamente:

Estados Unidos: US$26,5 millones. Es el mayor aporte monetario identificado hasta ahora. De acuerdo con la Cancillería, US$15,5 millones fueron destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños, mientras que otros US$11 millones corresponden a asistencia humanitaria adicional. Los recursos son ejecutados mediante organizaciones como Catholic Relief Services, la Federación Internacional de la Cruz Roja, la OIM, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y World Vision.

España: €1 millón. El dinero fue distribuido entre la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación Reina Sofía y compras locales de material humanitario.

Italia: €1,5 millones. Los recursos fueron canalizados mediante la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Reino Unido: £680.000, equivalentes a aproximadamente $3.000 millones de pesos colombianos. Estos recursos fueron destinados a fortalecer la labor de la Cruz Roja Colombiana y del equipo humanitario de Naciones Unidas, principalmente en refugio, atención médica, agua y saneamiento.

Suiza: 1 millón de francos suizos. El aporte fue canalizado mediante el Programa Mundial de Alimentos, el Norwegian Refugee Council y la Pastoral Social, con especial atención a las comunidades afectadas del Chocó.

Corea del Sur: US$1 millón en asistencia humanitaria, más US$20.000 aportados por KOICA Colombia al Banco de Alimentos.

Noruega: 10 millones de coronas noruegas, equivalentes a aproximadamente US$1,06 millones. Los recursos provienen de la reserva noruega para crisis humanitarias y son canalizados a través de la Cruz Roja para atención médica, agua potable, prevención de enfermedades, alojamiento temporal y otros servicios de emergencia.

Suecia: US$525.000 adicionales para ACNUR, con prioridad en albergues para las comunidades afectadas.

Singapur: US$50.000 mediante la Cruz Roja.

Santa Sede: €100.000, canalizados a través de Cáritas Colombiana.

En términos generales, estos aportes monetarios representan alrededor de US$34 millones, tomando las equivalencias publicadas y sin incluir el valor económico de las toneladas de alimentos, medicamentos, carpas, equipos de rescate y demás ayudas en especie enviadas por otros países.

¿Dónde están los US$15,5 millones destinados a refugios tras el terremoto en Colombia?

Entre los aportes más importantes aparecen los US$15,5 millones entregados por Estados Unidos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños, recursos que son ejecutados a través de organizaciones humanitarias internacionales.

La cifra abre un interrogante que merece una respuesta clara:

¿cómo se están gastando esos US$15,5 millones y cuánto de ese dinero ya llegó efectivamente a las comunidades damnificadas?

No basta con conocer el monto anunciado. También es necesario saber cuánto ha sido desembolsado, qué entidades administran los recursos, qué contratos o convenios se han firmado, cuánto se ha destinado a refugios y cuáles son los resultados concretos obtenidos.

La cooperación internacional fue fundamental para responder a la emergencia, pero precisamente por tratarse de recursos destinados a personas que perdieron sus viviendas y bienes, la trazabilidad debería ser pública y detallada.

La pregunta queda sobre la mesa:

¿cuánto dinero ya se gastó, en qué se gastó y quién está vigilando cada dólar destinado a los damnificados por el terremoto?

Y aquí aparece la pregunta que merece una respuesta pública:

¿Cuánto de esos recursos ya fue efectivamente ejecutado y cuánto permanece comprometido o pendiente de ejecución?

La segunda pregunta es todavía más importante:

¿Quién está haciendo seguimiento a cada dólar, euro, libra o franco suizo aportado para atender a los damnificados?

La información disponible muestra que buena parte de los recursos internacionales tiene un mecanismo de ejecución diferente al de las donaciones privadas nacionales. Estados Unidos, por ejemplo, reportó que sus US$26,5 millones son ejecutados mediante organizaciones humanitarias internacionales. España e Italia también canalizaron sus recursos a través de organismos multilaterales. Noruega lo hizo mediante la Cruz Roja y Suecia mediante ACNUR.

Esto significa que no sería correcto afirmar que los cerca de US$34 millones ingresaron en su totalidad a las cuentas del Gobierno colombiano. Pero precisamente por eso surge la necesidad de conocer con claridad qué recursos llegaron, a qué entidad fueron transferidos, cuándo fueron desembolsados, qué contratos o programas los ejecutan y cuáles son los resultados obtenidos con cada aporte.

El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del denominado Fondo Milagro para coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas. La Presidencia informó que los recursos del sector privado, que ya superaban los $2 billones, serían destinados a la atención de las familias damnificadas, la recuperación de infraestructura y la reconstrucción.

Además, el Ejecutivo anunció ayudas económicas directas para familias cuyas viviendas resultaron destruidas o inhabitables. A partir del 26 de agosto se estableció un apoyo de $875.452 mensuales durante tres meses, para un total inicial de $2.626.356 por familia.

También se inició la entrega de materiales y el proceso de reconstrucción. La Presidencia reportó que ya se habían movilizado 480 toneladas de materiales y que el Gobierno comenzaría a definir soluciones para las viviendas dependiendo del nivel de afectación.

Pero una cosa es conocer las medidas anunciadas y otra muy distinta es conocer el estado contable de los recursos internacionales.

Por eso, entre los interrogantes que quedan sobre la mesa están:

¿Cuánto dinero extranjero ha sido efectivamente desembolsado hasta la fecha?

¿Cuánto permanece comprometido pero todavía no ejecutado?

¿Cuánto de ese dinero llegó directamente a Colombia y cuánto permanece administrado por organismos internacionales?

¿Qué entidades colombianas tienen acceso a esos recursos?

¿Qué porcentaje se ha destinado específicamente al Chocó?

¿Cuánto dinero se ha gastado en atención humanitaria y cuánto se ha reservado para la reconstrucción?

¿Existe un informe consolidado que permita conocer país por país cuánto aportó, a través de qué organismo se canalizó y en qué se gastó?

¿Quién auditará esos recursos?

¿El Gobierno publicará contratos, convenios, transferencias, beneficiarios y resultados de cada aporte?

Y una pregunta adicional resulta inevitable: si la reconstrucción de las zonas afectadas fue inicialmente calculada por el Gobierno en cerca de $30 billones, ¿qué porcentaje de esa necesidad ya está financiado con recursos públicos, privados y cooperación internacional? La Presidencia estimó $24,5 billones para edificaciones y $5,5 billones para infraestructura.

La comunidad internacional respondió rápidamente a la emergencia. La Cancillería informó que Colombia recibió más de 220 toneladas de ayuda humanitaria y el Gobierno posteriormente reportó más de 640 toneladas de asistencia internacional, provenientes de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia.

El desafío ahora no es solamente conseguir más recursos.

Es demostrar, peso por peso y dólar por dólar, qué ocurrió con los recursos que ya fueron comprometidos para ayudar a Colombia.

La transparencia en el manejo de estas ayudas no debería verse como una acusación contra el Gobierno ni contra los organismos internacionales. Por el contrario, debería ser una garantía para los donantes y, principalmente, para las familias que perdieron sus viviendas, sus bienes y, en muchos casos, a sus seres queridos.

Después de una tragedia de esta magnitud, la solidaridad internacional merece algo más que agradecimientos: merece trazabilidad, resultados y rendición de cuentas.