El Gobierno Nacional avanza en la estructuración de una de las propuestas penitenciarias más llamativas de los últimos años: trasladar a cerca de 40 de los principales cabecillas de organizaciones criminales a buques ubicados en altamar, con el objetivo de cortar cualquier posibilidad de que continúen impartiendo órdenes a sus estructuras desde las cárceles.
La iniciativa, denominada Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, pretende crear un régimen de aislamiento extremo para internos considerados de máxima peligrosidad y señalados de conservar capacidad de mando sobre redes dedicadas a delitos como extorsión, narcotráfico y crimen organizado.
Entre los nombres que podrían quedar bajo este esquema aparecen reconocidos jefes criminales como alias ‘Negro Ober’ y Digno Palomino, de acuerdo con la información conocida sobre el proyecto.
La propuesta parte de un problema que durante años ha generado preocupación entre las autoridades: la posibilidad de que algunos delincuentes continúen utilizando teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación desde los centros penitenciarios para coordinar actividades ilícitas en las calles.
Según los datos expuestos alrededor de la iniciativa, cerca del 12 % de más de 3.000 denuncias por extorsión registradas en el país estaría relacionado con llamadas originadas desde establecimientos penitenciarios.
Frente a este panorama, la apuesta del Gobierno es llevar el aislamiento a otro nivel: sacar a los internos de las cárceles convencionales y trasladarlos a embarcaciones especialmente acondicionadas, alejadas del territorio continental y sometidas a controles permanentes.
El modelo contempla celdas individuales de aproximadamente cuatro por cuatro metros, sin televisión, radio ni dispositivos electrónicos que puedan facilitar comunicaciones con el exterior.
Los internos tendrían además un tiempo limitado de exposición al aire libre, calculado inicialmente en alrededor de 30 minutos diarios, mientras que sus desplazamientos dentro de las embarcaciones estarían sometidos a estrictas medidas de seguridad.
Dependiendo del nivel de peligrosidad, incluso se contempla el uso de chalecos antibalas durante determinados movimientos dentro de las naves.
Uno de los componentes fundamentales sería el bloqueo de las comunicaciones. Para ello se estudia la implementación de sistemas inhibidores de señal que deberán funcionar de manera coordinada con las autoridades de seguridad y las entidades competentes en materia de comunicaciones.
La intención es evitar que los teléfonos celulares continúen convirtiéndose en una herramienta para ordenar extorsiones, coordinar movimientos de dinero, impartir instrucciones a integrantes de las organizaciones criminales o mantener contacto con redes delincuenciales.
Pero la propuesta abre una segunda discusión que puede terminar siendo tan importante como la primera: ¿cuánto costará mantener este sistema?
Actualmente, el costo de mantener a una persona privada de la libertad en Colombia se ubica, según estimaciones y referencias utilizadas en el debate público, alrededor de varios millones de pesos mensuales. La cifra exacta puede variar dependiendo del establecimiento, los servicios incluidos y la metodología utilizada para calcularla.
El modelo marítimo, sin embargo, sería considerablemente más complejo.
Un preso en una cárcel convencional se encuentra dentro de una infraestructura diseñada para prestar servicios penitenciarios de manera permanente. En altamar, el Estado tendría que asumir no solamente alimentación, vigilancia y atención médica, sino también combustible, mantenimiento de las embarcaciones, tripulaciones, sistemas de comunicación y seguridad, equipos tecnológicos, logística de abastecimiento y eventuales operaciones de emergencia.
Es decir, el Gobierno no estaría simplemente trasladando presos de una cárcel a un barco. Estaría creando, en la práctica, una infraestructura penitenciaria flotante que deberá funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año.
Por eso surge una pregunta inevitable para los colombianos: ¿cuánto terminará costando cada interno bajo este modelo?
En algunos sectores ha circulado la afirmación de que el costo podría pasar de aproximadamente $3,5 millones mensuales por preso en un establecimiento convencional a cerca de $100 millones mensuales bajo el esquema marítimo.
Sin embargo, mientras el Gobierno no publique un estudio financiero oficial, esa cifra debe ser entendida como una estimación o escenario de discusión y no como un costo definitivo.
La diferencia sería gigantesca.
Si hipotéticamente el costo alcanzara los $100 millones mensuales por cada uno de los 40 internos, el Estado tendría que desembolsar alrededor de $4.000 millones cada mes exclusivamente para mantener ese grupo bajo el régimen especial.
En un año, el monto llegaría a aproximadamente $48.000 millones.
Y esa cuenta ni siquiera necesariamente incluiría todos los costos iniciales de adecuación, adquisición o adaptación de las embarcaciones, instalación de sistemas tecnológicos, infraestructura médica, equipos de seguridad y demás inversiones necesarias para poner en funcionamiento el proyecto.
Por el contrario, si se toma como referencia un costo de $3,5 millones mensuales por interno, mantener 40 presos durante un año representaría alrededor de $1.680 millones.
La diferencia entre ambos escenarios sería superior a $46.000 millones anuales.
Ahí aparece uno de los principales interrogantes que deberá responder el Gobierno: ¿cuál será el costo real del sistema y quién asumirá esa factura?
Porque una estrategia de esta naturaleza no solamente requiere una justificación en materia de seguridad. También necesita demostrar que resulta financieramente sostenible y que los recursos públicos destinados al proyecto tendrán un impacto proporcional sobre la reducción del crimen.
La discusión adquiere mayor relevancia en un país donde el sistema penitenciario enfrenta históricamente problemas de hacinamiento, infraestructura, alimentación, atención médica, seguridad y corrupción.
Mientras se plantea una cárcel flotante para 40 de los delincuentes considerados más peligrosos, también será necesario preguntarse qué ocurre con los miles de internos que permanecerán en los establecimientos tradicionales.
¿Se destinarán recursos extraordinarios a los buques mientras continúan las deficiencias en las cárceles terrestres?
¿Existe un estudio que demuestre que el aislamiento marítimo será más efectivo que fortalecer los controles tecnológicos y de seguridad dentro de las prisiones?
¿Quién administrará las embarcaciones?
¿La Armada Nacional tendrá que disponer permanentemente de personal y recursos para custodiar a los internos?
¿El Inpec tendrá funcionarios especializados a bordo?
¿Habrá médicos y personal sanitario disponibles de manera permanente?
¿Qué ocurrirá ante una emergencia médica?
¿Quién pagará el combustible, el mantenimiento y la renovación de las naves?
Y, quizás una de las preguntas más importantes: ¿cuánto costará cada día de operación?
El proyecto también plantea un desafío jurídico. La eventual utilización de buques como centros de reclusión deberá contar con un marco legal y reglamentario claro que establezca quién puede ser trasladado, bajo qué condiciones, cuáles son sus derechos y qué autoridad tendrá la responsabilidad directa sobre la custodia.
El hecho de que se trate de personas condenadas o investigadas por delitos graves no elimina las obligaciones constitucionales del Estado en materia de derechos humanos, debido proceso, atención médica y condiciones dignas de reclusión.
La propuesta, por tanto, tendrá que superar tanto el examen financiero como el jurídico y operativo.
Colombia ya tiene un antecedente.
En 2007, embarcaciones de la Armada fueron utilizadas para mantener bajo custodia a algunos de los principales jefes paramilitares y narcotraficantes de la época, entre ellos alias ‘Macaco’ y ‘Don Diego’.
Casi dos décadas después, el Gobierno busca recuperar esa idea, pero incorporando tecnología para impedir las comunicaciones y un régimen de seguridad diseñado específicamente para los perfiles de mayor peligrosidad.
El objetivo es claro: impedir que quienes continúan controlando estructuras criminales desde prisión puedan seguir utilizando las cárceles como centros de operaciones.
Pero la pregunta que queda sobre la mesa es si el Estado está dispuesto a pagar el precio de hacerlo en altamar.
Una estrategia de seguridad puede ser necesaria si demuestra resultados. Sin embargo, cada peso utilizado debe estar respaldado por estudios, controles y resultados medibles.
También será indispensable conocer cuánto costará adecuar las embarcaciones, cuánto dinero requerirá su operación anual y qué entidad asumirá cada componente del gasto.
El debate no debería limitarse a si los delincuentes más peligrosos merecen un régimen de aislamiento extremo. También debe incluir una discusión sobre eficiencia del gasto público.
Porque si el Estado termina pagando decenas de millones de pesos adicionales cada mes por cada interno, los colombianos tienen derecho a conocer exactamente qué recibirán a cambio de esa inversión.
¿Menos extorsiones?
¿Menos llamadas criminales desde las cárceles?
¿Menor capacidad de mando de las organizaciones delincuenciales?
¿Más capturas de integrantes de esas estructuras?
¿Una reducción comprobable de los delitos que se coordinan desde los centros penitenciarios?
Esos deberían ser algunos de los indicadores utilizados para evaluar el éxito del programa.
Y existe otro punto que tampoco puede quedar fuera de la discusión: la corrupción.
Si el problema de fondo es que organizaciones criminales continúan operando desde las cárceles, el Gobierno deberá atacar no solamente la capacidad de comunicación de los presos, sino también las redes de corrupción que permiten el ingreso de celulares, drogas, dinero y otros elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
Un sistema de altísima seguridad puede fracasar si los controles internos siguen siendo vulnerables.
Por eso, además de construir o adaptar una infraestructura marítima, será fundamental fortalecer los mecanismos de control sobre funcionarios, contratistas, proveedores y personal encargado de la custodia.
De poco serviría invertir miles de millones de pesos en una cárcel flotante si las redes criminales consiguen penetrar el sistema mediante corrupción.
La iniciativa apenas se encuentra en fase de estructuración y todavía deben definirse numerosos aspectos técnicos, jurídicos, financieros y operativos.
No existe, por ahora, un costo definitivo que permita afirmar que cada preso costará exactamente $100 millones mensuales.
Pero la eventual cifra sirve para abrir una discusión que el Gobierno tendrá que responder antes de comprometer recursos públicos: cuánto costará realmente esta estrategia y qué resultados concretos espera obtener.
Porque si el Estado va a pagar varias veces más por mantener aislados a 40 cabecillas, la ciudadanía tendrá derecho a exigir que cada peso invertido se traduzca en mayor seguridad.
La apuesta puede convertirse en una herramienta novedosa para impedir que los grandes jefes criminales sigan manejando sus organizaciones desde prisión.
Pero también puede convertirse en un millonario experimento penitenciario si no existen controles, presupuesto transparente, indicadores de resultados y una estrategia integral contra la corrupción.
El verdadero debate apenas comienza: ¿cuánto le costará a los colombianos poner a 40 de los criminales más peligrosos del país en altamar y, sobre todo, cuánto costará que ese aislamiento realmente funcione?