domingo, marzo 16, 2025

Entramado criminal donde empresas de vigilancia otorgaban carnets de escoltas a cabecillas de redes criminales

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se destapó un esquema fraudulento que permitía a miembros de estructuras criminales portar armas de fuego de manera ilegal, utilizando carnets falsos de escoltas emitidos por empresas de seguridad privada.

Este entramado, que operaba desde hace tiempo, facilitaba la circulación de criminales de alto perfil y les otorgaba protección a través de un «salvoconducto» que los eximía de los controles de seguridad establecidos.

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La investigación, que fue liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, concluyó con la captura y judicialización de tres representantes legales de empresas de seguridad privada involucradas en la falsificación de documentos y en el suministro de armas de fuego a integrantes de grupos delincuenciales. Las autoridades han identificado que las empresas implicadas en este fraude emitieron carnets de escolta a personas con antecedentes criminales, lo que les permitió evadir los controles de seguridad en diversas regiones del país.

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Detenidos y evidencia incautada

Durante las diligencias, fueron detenidos Pedro Alexander Ruiz Pulido, coronel en retiro de la Policía Nacional; José Omar Urrego Chitiva, capitán también en retiro; y Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante de una de las empresas de seguridad involucradas. A ellos se les imputa el delito de «concierto para delinquir agravado», además de cargos por lavado de activos y falsificación de documentos.

En el operativo, las autoridades incautaron una significativa cantidad de material de guerra, que incluye 23 revólveres, 50 pistolas, 3 pistolas traumáticas y 3.735 cartuchos de diferentes calibres. Además, fueron confiscados celulares y memorias USB, que contienen información clave para avanzar en la investigación.

Las conexiones con grandes capos del crimen organizado

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la vinculación de estas empresas de seguridad con personajes del crimen organizado. Entre los beneficiarios de los carnets falsificados se encuentran alias Galtu, cabecilla de una red criminal en el Magdalena Medio, y alias El Caballito Terror, líder del Clan Pajars, ambos involucrados en actividades ilícitas como tráfico de armas y drogas.

Ruiz Pulido, según la investigación, habría facilitado la obtención de carnets para El Caballito Terror, permitiéndole operar con libertad en varias zonas del país. Por su parte, Urrego Chitiva habría participado en la documentación falsa de Luis Martín Bello, quien también está relacionado con la fuga de Matamba, un peligroso narcotraficante, y con Carlos Castro, alias «Pichi Belén», cabecilla del grupo «La Oficina», conocido por su influencia en Medellín, Envigado y el Valle de Aburrá.

Castaño Galindo no se quedó atrás, pues se le acusa de ser el principal responsable de suministrar armas de fuego a Fredy Gallu Bedona, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien operaba en el Magdalena Medio y estuvo vinculado a Matamba.

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Extinción de dominio: Bienes y propiedades incautadas

Como parte del proceso, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio también ha adoptado medidas para recuperar bienes asociados con estas actividades ilegales. Se han suspendido y secuestrado propiedades, vehículos y empresas relacionadas con las actividades delictivas. El valor total de los bienes incautados supera los 1.800 millones de pesos. Las propiedades ocupadas se encuentran en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Villavicencio, Neiva y Puerto Triunfo (Antioquia).

El proceso de extinción de dominio sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se realicen más incautaciones, mientras las autoridades continúan con las investigaciones. Además, se han iniciado operativos para dar con el paradero de otros miembros de la red que todavía se encuentran prófugos.

Este desmantelamiento representa un golpe contundente contra el crimen organizado en Colombia y un mensaje claro de que las autoridades están comprometidas con la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la seguridad en el país.

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