El exrepresentante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur fue trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde una instalación de la Policía en Bogotá hacia la cárcel La Picota, en medio de la política del Gobierno nacional para retirar de estaciones policiales y guarniciones militares a personas privadas de la libertad que no tengan vínculo con la Fuerza Pública.
Manzur permanece detenido mientras avanza el proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), investigación en la que está vinculado ante la Corte Suprema de Justicia.
El traslado se suma a una serie de movimientos ordenados por el Inpec durante septiembre. Días atrás también fueron enviados a La Picota el expresidente de la Cámara Andrés Calle, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, y otras personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones especiales de la Policía.
La medida responde a la decisión del Gobierno de revisar los lugares de reclusión utilizados por personas que, pese a estar privadas de la libertad, permanecían en casas fiscales, estaciones o instalaciones destinadas originalmente a miembros de la Fuerza Pública. La instrucción busca que esos espacios recuperen su función institucional.
En el caso de Manzur, una fuente citada por SEMANA aseguró que el político habría salido de la instalación policial entre lágrimas. Ese detalle corresponde al relato de la fuente y no cuenta, hasta ahora, con una confirmación independiente.
El debate sobre estos traslados también pone la atención sobre otros casos de personas investigadas o condenadas que permanecen en lugares diferentes a las cárceles ordinarias. La pregunta que queda planteada es si la revisión anunciada por el Gobierno tendrá alcance general y cobijará a todos los privados de la libertad que actualmente permanecen en instalaciones policiales o militares.
La decisión, además, se conoce mientras el Gobierno anuncia nuevas medidas para endurecer el control penitenciario. El presidente Abelardo De La Espriella informó recientemente que solicitó al Inpec el traslado de 120 cabecillas de organizaciones criminales recluidos en Buenaventura hacia otros establecimientos penitenciarios.
Así, el caso Manzur se convierte en uno de los ejemplos más visibles de una política que busca eliminar los lugares de reclusión considerados especiales y trasladar a los privados de la libertad a establecimientos penitenciarios administrados por el Inpec.