El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender temporalmente la ejecución de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de pasaportes, una decisión que pone bajo revisión el esquema implementado para la producción de estos documentos.
La medida cautelar cobija el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como los contratos y convenios que se hayan desprendido de estos acuerdos.
El Tribunal también ordenó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal entregar, dentro de un plazo de 20 días hábiles, información detallada sobre el funcionamiento actual de la operación.
Entre los datos que deberán acreditar se encuentran el estado real del proceso, la ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los sitios donde permanecen almacenadas y aquellos en los que son personalizadas, además de la identificación de todos los terceros que participan en la cadena de producción.
De acuerdo con la decisión judicial, la suspensión permanecerá vigente hasta que esta información sea debidamente acreditada ante el Tribunal.
Sin embargo, la medida tiene una condición fundamental: no podrá afectar el acceso de los ciudadanos al servicio de expedición de pasaportes.
El Tribunal ordenó adoptar de manera inmediata todas las acciones necesarias para garantizar que el servicio continúe funcionando normalmente mientras permanece vigente la suspensión de los convenios.
Esto significa que, aunque los acuerdos quedan temporalmente suspendidos, la decisión judicial no autoriza a la Cancillería a interrumpir, limitar o suspender la atención a los ciudadanos que necesitan obtener o renovar su pasaporte.
La decisión fue concedida en apelación en el efecto devolutivo, por lo que la medida cautelar comienza a aplicarse desde ahora, mientras continúa el trámite correspondiente.
El fallo abre además un nuevo capítulo de revisión sobre la forma en que Colombia está gestionando la producción y expedición de sus pasaportes, particularmente en lo relacionado con la seguridad de las libretas, su personalización y la participación de terceros en el proceso.
La situación queda ahora en manos de las entidades involucradas, que deberán entregar la información requerida por el Tribunal y, al mismo tiempo, garantizar que los ciudadanos puedan continuar realizando sus trámites sin interrupciones.