Un verdadero terremoto sacude a la justicia colombiana. Magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional fueron denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de prevaricato, fraude judicial y violación de derechos sobre la propiedad del subsuelo.
La denuncia fue presentada por Rodolfo Palacio, quien asegura ser heredero de los derechos históricos sobre los yacimientos petroleros ubicados en Tubará, Atlántico, específicamente en la zona conocida como El Horno, Campo Las Perdices.
Según Palacio, su reclamo se fundamenta en una norma de 1883 y en una sentencia de 1942 de la Corte Suprema de Justicia que —afirma— reconoció a la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena de Tubará como legítima propietaria del petróleo en ese territorio.
El denunciante argumenta que las interpretaciones recientes de las altas cortes desconocen la historia jurídica y los derechos adquiridos por su familia, cuyos orígenes se remontan al general Manuel María Palacio Vargas, quien en 1886 habría declarado la zona como “bien vacante” ante un juez de Barranquilla.
“Rechazamos de manera tajante la afirmación del Estado colombiano, porque el petróleo se encontró y las operaciones se realizaron antes de 1969”, señaló Palacio, quien sostiene que su demanda busca “corregir el expediente” y abrir un nuevo debate sobre la propiedad histórica del subsuelo en el Caribe colombiano.
La Comisión de Acusación deberá ahora determinar si las pruebas aportadas son suficientes para abrir una investigación formal contra los magistrados señalados, en lo que podría convertirse en uno de los casos más polémicos de los últimos años en la justicia colombiana.