La entidad informó que desde hace varios meses adelanta labores de inspección y vigilancia con el objetivo de verificar las condiciones en las que se presta el servicio y proteger los derechos de los usuarios samarios.

Entre el 24 y el 27 de marzo de 2026, funcionarios de la Superservicios realizaron una visita de inspección en terreno para revisar diferentes componentes de la operación, entre ellos la recolección y transporte de residuos, el sistema de contenedores, el barrido y limpieza de vías y espacios públicos, el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas y la disposición final de residuos.

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Como resultado de esa inspección, el 30 de junio la Superservicios comunicó formalmente a ATESA S.A. E.S.P. los hallazgos encontrados y publicó el respectivo informe de visita.

Tres requerimientos durante 2026

La vigilancia, sin embargo, no se ha limitado a la inspección realizada en marzo. Según la entidad, durante este año ha requerido en tres oportunidades información a ATESA S.A. E.S.P. para verificar las condiciones de prestación del servicio y las medidas adoptadas ante las alertas registradas en la ciudad.

Los requerimientos fueron realizados el 23 de febrero, 20 de abril y 12 de agosto de 2026.

Con base en la información recopilada durante la visita, los hallazgos identificados y las respuestas entregadas por el prestador, la Dirección Técnica de Gestión de Aseo analiza actualmente qué acciones de control podrían implementarse, de acuerdo con sus competencias y la legislación vigente.

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La Superservicios aseguró que continuará verificando que ATESA S.A. E.S.P. adopte las medidas necesarias para corregir las situaciones identificadas y garantizar una prestación adecuada del servicio.

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La entidad también aclaró que la terminación de la toma de posesión de ESSMAR y su devolución al Distrito de Santa Marta no modifica sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

“Nuestra prioridad es la gente y la protección de su derecho a recibir un servicio continuo, eficiente y de calidad”, señaló la Superintendencia, al reiterar que cualquier situación que pueda afectar la prestación será verificada y, cuando corresponda, se adoptarán las medidas dentro del marco de sus competencias.

La entidad mantiene así la lupa puesta sobre el servicio de aseo en Santa Marta, mientras evalúa si los hallazgos y las alertas recibidas ameritan nuevas actuaciones de control contra el operador.

No necesariamente porque devolver la empresa al Distrito sea una decisión ilegal —la administración local llevaba años reclamando recuperar su operación—, sino por una pregunta mucho más concreta: ¿en qué condiciones fue entregada y qué decisiones quedaron comprometidas en las últimas horas del Gobierno de Gustavo Petro?

El momento en que se produjo la operación merece especial atención.

Después de casi cinco años de intervención nacional, el Gobierno Petro avanzó hacia la devolución de ESSMAR al Distrito de Santa Marta prácticamente en la recta final de su administración. El alcalde Carlos Pinedo había anunciado desde julio que el presidente Petro le había informado que había impartido instrucciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para culminar la intervención y retornar la empresa a la ciudad antes del 6 de agosto.

La pregunta que ahora aparece sobre la mesa es si el proceso fue simplemente la culminación de una decisión administrativa anunciada con anterioridad o si, además de la devolución, quedaron comprometidos recursos, contratos, proyectos, obligaciones y decisiones que el nuevo Gobierno debería revisar.

Porque una cosa es devolver una empresa intervenida y otra muy distinta es entregarla con un mapa completo y verificable de sus activos, pasivos, contratos, procesos judiciales, obligaciones laborales, proyectos en ejecución y compromisos financieros.

Y ahí comienza el verdadero debate.

Cinco años de intervención y una devolución que llega al final del mandato

ESSMAR fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2021.

Durante estos años, el argumento central de la intervención fue la necesidad de superar las dificultades que afectaban la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y recuperar las condiciones financieras y operativas de la empresa.

De hecho, en 2022, cuando se anunció que EPM asumiría la administración, el entonces superintendente Dagoberto Quiroga había advertido que no consideraba viable entregar inmediatamente la empresa al Distrito debido a su situación financiera. La intención expresada entonces era fortalecerla antes de devolverla a Santa Marta.

El problema es que, varios años después, la ciudad sigue enfrentando dificultades en materia de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas residuales.

Durante julio de 2026, por ejemplo, la Alcaldía de Santa Marta volvió a reclamar al Gobierno Nacional la devolución de ESSMAR mientras denunciaba nuevos episodios de vertimientos de aguas residuales. La administración distrital sostuvo que la empresa continuaba bajo responsabilidad de la intervención nacional y reclamó medidas frente a la situación.

Por eso la discusión no puede reducirse a celebrar o cuestionar políticamente la devolución.

Hay que preguntar qué cambió durante estos años y qué recibió finalmente el Distrito.

¿Qué ESSMAR recibió Santa Marta?

Esta debería ser una de las primeras preguntas del nuevo Gobierno.

¿Cuál es exactamente el estado financiero de ESSMAR al momento de la devolución?

¿Cuánto debe?

¿Cuánto le deben?

¿Qué contratos están vigentes?

¿Cuáles están próximos a terminar?

¿Qué convenios fueron suscritos durante la intervención?

¿Cuáles tienen recursos comprometidos para los próximos años?

¿Qué procesos judiciales existen contra la empresa?

¿Cuáles son sus obligaciones laborales?

¿Qué activos son propiedad de ESSMAR y cuáles están sujetos a contratos, comodatos, fiducias o cualquier otra figura jurídica?

¿En qué estado se encuentran las redes de acueducto y alcantarillado?

¿Y cuál es el inventario real de obras pendientes?

Responder esas preguntas no es un ejercicio político. Es una obligación elemental de transparencia cuando una empresa pública cambia nuevamente de administración después de casi cinco años de intervención.

El problema no es devolverla: es saber bajo qué condiciones

La Alcaldía de Santa Marta ha reclamado reiteradamente que ESSMAR vuelva a manos del Distrito.

En julio, después de nuevos problemas con vertimientos de aguas residuales, el alcalde Carlos Pinedo insistió en que el Gobierno Nacional debía devolver la operación de la empresa.

Por tanto, sería injusto presentar la devolución como una decisión inesperada o completamente ajena a las solicitudes de la administración distrital.

Pero eso tampoco elimina la necesidad de revisar el procedimiento.

La pregunta de fondo es si la entrega se produjo acompañada de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para que el Distrito pudiera asumir realmente la responsabilidad.

Una transferencia administrativa puede hacerse rápidamente.

Sanear una empresa de servicios públicos, en cambio, requiere años.

Y Santa Marta no puede darse el lujo de descubrir después de la devolución que existen obligaciones, contratos o problemas estructurales que no fueron suficientemente explicados.

La coincidencia con el cambio presidencial

Aquí aparece el elemento políticamente más sensible.

El Gobierno Petro terminó el 7 de agosto y la devolución de ESSMAR se produjo en el entorno inmediato de la transición presidencial.

Esto no permite afirmar que haya existido una actuación irregular.

Pero sí hace razonable pedir una revisión independiente de la documentación.

Especialmente porque el propio Gobierno había anunciado previamente que la devolución se produciría antes del final del mandato. El alcalde Pinedo informó el 24 de julio que Petro había dado instrucciones para culminar el proceso antes del 6 de agosto.

Por eso el Gobierno De La Espriella debería responder, desde el ámbito de sus competencias y con los organismos de control cuando corresponda, una pregunta sencilla:

¿Qué recibió exactamente Santa Marta en las últimas horas del Gobierno Petro?

No basta con saber que ESSMAR volvió al Distrito.

Hay que conocer en qué estado financiero, administrativo, operativo y contractual fue entregada.

Y aquí aparece otro asunto que no puede pasar inadvertido

La devolución ocurre mientras ESSMAR mantiene proyectos de enorme importancia para el futuro del servicio de agua de Santa Marta.

Uno de ellos es el proyecto de soluciones de abastecimiento mediante desalinización e infraestructura de almacenamiento y distribución.

ESSMAR publicó en junio información sobre este proyecto y abrió un espacio para que constructores, comunidades, veedurías y otros interesados formularan observaciones.

Pero apenas unas semanas después, el 28 de julio, la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender preventivamente el proceso contractual relacionado con las plantas desalinizadoras.

El Ministerio Público señaló posibles inconsistencias técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras y pidió revisar, entre otros aspectos, la correspondencia entre el contrato y el proyecto estratégico aprobado mediante el CONPES 4159 de 2025.

Este dato cambia considerablemente el contexto.

Porque ya no se trata solamente de una empresa que cambia de administrador.

Se trata de una empresa que, al momento de regresar al control distrital, tenía en discusión procesos contractuales de gran importancia para resolver uno de los problemas históricos de Santa Marta: el abastecimiento de agua potable.

¿Qué debería revisar el Gobierno De La Espriella?

La primera recomendación sería no partir de una conclusión política.

Ni declarar que todo lo hecho durante la intervención fue malo, ni asumir que todo quedó correctamente ejecutado.

La nueva administración debería pedir un corte de cuentas integral.

Ese examen debería incluir, como mínimo:

1. Estado financiero.
Balance de activos, pasivos, obligaciones, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flujo de caja y compromisos futuros.

2. Contratación.
Revisión de contratos vigentes, convenios interadministrativos, procesos en curso, modificaciones, adiciones, prórrogas y contratos próximos a terminar.

3. Proyectos de infraestructura.
Estado físico y financiero de las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas.

4. Plantas desalinizadoras.
Revisión especial del proceso contractual cuestionado preventivamente por la Procuraduría.

5. Procesos judiciales.
Identificación de demandas, litigios, procesos administrativos y posibles contingencias que puedan terminar afectando las finanzas de la empresa.

6. Activos y patrimonio.
Inventario completo de bienes, equipos, redes, predios, vehículos e infraestructura.

7. Situación laboral.
Número de trabajadores, contratistas, obligaciones laborales y procesos relacionados con personal.

8. Calidad del servicio.
Indicadores reales de continuidad, cobertura, pérdidas de agua, alcantarillado, vertimientos y atención a los usuarios.

¿La intervención logró su objetivo?

Esta es quizás la pregunta política más incómoda.

Si la intervención fue necesaria para recuperar a ESSMAR, el país debería conocer qué resultados concretos dejó.

¿La empresa está financieramente mejor que en 2021?

¿Mejoró la continuidad del agua?

¿Se redujeron las pérdidas?

¿Se fortaleció la infraestructura?

¿Disminuyeron los problemas de alcantarillado?

¿Se corrigieron las causas que provocaron la intervención?

ESSMAR aseguró en septiembre de 2025 que había reducido en un 57 % el pasivo generado durante la intervención y que contaba con capacidad financiera para cubrir costos y gastos de operación.

Es una cifra relevante y debe ser contrastada con los estados financieros y con la realidad operacional de la empresa.

Porque una cosa son los indicadores financieros y otra la experiencia cotidiana del ciudadano.

Y la experiencia de los usuarios continúa marcada por problemas de abastecimiento, alcantarillado y vertimientos, como muestran los episodios reportados durante 2026.

El riesgo de que el debate se vuelva político

Santa Marta lleva años atrapada en una disputa política alrededor de ESSMAR.

Un sector responsabiliza de la crisis a las administraciones locales anteriores y a quienes estuvieron al frente de la empresa antes de la intervención.

Otro sector cuestiona al Gobierno Nacional por los resultados de la intervención y sostiene que la empresa debió regresar antes al Distrito.

Pero convertir la ESSMAR en otra batalla entre Petro, Caicedo, Pinedo y el nuevo Gobierno sería desperdiciar la oportunidad de hacer algo mucho más importante: auditar integralmente la empresa y establecer qué ocurrió realmente durante estos años.

El nuevo Gobierno debería evitar precisamente eso.

No se trata de perseguir políticamente a una administración anterior.

Se trata de proteger los recursos públicos.

De La Espriella tiene una oportunidad

La llegada de la nueva administración nacional ofrece una oportunidad para aclarar una historia que Santa Marta lleva años intentando resolver.

El presidente Abelardo De La Espriella debería ponerle la lupa a la devolución de ESSMAR, pero no para revertirla automáticamente ni para convertirla en una confrontación política con el Gobierno Petro.

La lupa debe ponerse sobre los documentos.

Sobre el acta de entrega.

Sobre los estados financieros.

Sobre los contratos.

Sobre los recursos comprometidos.

Sobre los proyectos.

Sobre las obligaciones.

Sobre las obras.

Y, especialmente, sobre aquellos procesos contractuales que estaban avanzando durante los últimos días de la administración anterior.

La propia ESSMAR sostiene que ha avanzado en su estabilización financiera, mientras que la Alcaldía de Santa Marta ha denunciado problemas persistentes en la prestación del servicio y la Procuraduría acaba de advertir posibles inconsistencias en uno de los procesos contractuales más importantes para el futuro hídrico de la ciudad.

Por eso la pregunta que queda planteada no es si Santa Marta debía recuperar ESSMAR.

La pregunta es si la empresa fue entregada realmente saneada, fortalecida y preparada para garantizar el servicio, o si el nuevo Gobierno y el Distrito recibieron una caja de problemas que simplemente cambió de administrador.

Y esa respuesta debería conocerse con documentos, cifras y auditorías, no con discursos políticos.

Porque después de casi cinco años de intervención nacional, los samarios tienen derecho a saber cuánto costó la intervención, qué resultados produjo, qué quedó pendiente y bajo qué condiciones fue devuelta ESSMAR al Distrito justo en el cierre del Gobierno Petro.

Esa, más que cualquier disputa partidista, debería ser la primera revisión sobre la mesa del nuevo Gobierno.