En una ofensiva contra la ilegalidad en el sector de la vigilancia privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales en distintas regiones del país.
El anuncio fue realizado por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien advirtió sobre un preocupante patrón en el uso de licencias legales para facilitar actividades ilícitas, incluyendo el presunto préstamo de personal, armas y recursos a organizaciones criminales.
Entre las decisiones adoptadas, se destacan acciones en Barranquilla, donde las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda. fueron objeto de cancelación de licencia en fallo de primera instancia. Además, la entidad informó que al menos ocho compañías más serán sancionadas próximamente como resultado de investigaciones en curso.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, señaló Álvarez, quien enfatizó que se han identificado casos en los que empresas, tras obtener autorización legal, terminan siendo utilizadas como instrumentos para actividades delictivas.
Las investigaciones han permitido evidenciar vínculos entre armas autorizadas y hechos criminales, así como la relación de personal de estas compañías con estructuras ilegales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilícitas.
La ofensiva institucional ha contado con la articulación de entidades como la Fiscalía General de la Nación y el sector Defensa, lo que ha permitido fortalecer el control de armas en manos de particulares, avanzar en procesos judiciales y mejorar los sistemas de verificación de información.
El superintendente destacó que el sector de la vigilancia privada es clave para el país, al generar más de 360.000 empleos, y subrayó que la mayoría de las empresas operan dentro del marco legal. No obstante, advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado con rigor.
Finalmente, la Superintendencia reiteró su llamado a las empresas del sector a cumplir estrictamente la ley, asegurando que continuará ejerciendo controles con herramientas de inteligencia, analítica de datos y coordinación interinstitucional para garantizar la legalidad en la prestación de este servicio.