La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) impuso una multa de 500 millones de pesos al Banco Bancolombia S. A., por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los principios de trato justo, debida diligencia y transparencia, según consta en una resolución oficial emitida el 5 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el documento, la sanción se originó por hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de junio de 2024, cuando las plataformas digitales del banco, incluyendo Nequi y Mi Bancolombia, presentaron fallas prolongadas que afectaron a miles de usuarios en todo el país.
La Superintendencia señaló que la entidad financiera no garantizó información cierta, suficiente y oportuna, lo que impidió a los clientes conocer con claridad el estado de los servicios y los procedimientos de atención durante la contingencia.
“El comportamiento descrito constituye un presunto incumplimiento de los principios de debida diligencia y transparencia”, cita el artículo primero de la resolución.
La sanción, a favor del Tesoro Nacional, deberá pagarse en el Banco Agrario de Colombia o el Banco de la República, bajo la referencia “otras tasas, multas y contribuciones no especificadas”. Bancolombia tendrá un día hábil para efectuar el pago una vez ejecutoriado el acto administrativo, so pena de generar intereses moratorios equivalentes a 1.5 veces el interés bancario corriente.
Posibles nuevas sanciones
Según la SFC y analistas del sector, Bancolombia podría enfrentar nuevas investigaciones si se comprueba negligencia en las recientes caídas del sistema, ocurridas durante los problemas globales de AWS (Amazon Web Services) en octubre de 2025. Aunque el servicio internacional fue restablecido rápidamente, las fallas del banco persistieron varios días más, afectando operaciones financieras y el acceso a cuentas.
La Superfinanciera evalúa si las medidas implementadas por la entidad fueron suficientes para garantizar la continuidad del servicio y la atención al usuario.
Con esta decisión, el organismo de control reafirma su postura de tolerancia cero frente a vulneraciones a los derechos de los consumidores financieros, especialmente en servicios digitales esenciales.