La Fiscalía imputó cargos a un oficial y seis suboficiales del Ejército Nacional por su presunta participación en la apropiación irregular de recursos públicos destinados al pago de viáticos en un batallón de Cúcuta. Ninguno aceptó los cargos.
Los uniformados fueron procesados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Un juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad: no podrán salir del país ni comunicarse con los testigos de la investigación.
Según la Fiscalía, entre enero y abril de 2025 se habría producido una afectación a los recursos públicos superior a los 10 millones de pesos. La presunta irregularidad consistía en presentar informes de cumplimiento de traslados que nunca se realizaron o cuyas actividades no correspondían a las autorizadas.
Los investigados fueron identificados como el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
De acuerdo con el ente acusador, para la época de los hechos los militares ocupaban cargos en distintas áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón. Desde esas funciones, presuntamente participaron en la elaboración, presentación y legalización de documentos relacionados con misiones de trabajo que justificaban desplazamientos a distintas ciudades del país y permitían reclamar el pago de viáticos.
La Fiscalía detectó contradicciones entre las actividades reportadas por los uniformados y los registros institucionales de las unidades militares donde supuestamente debían cumplir las comisiones.
Capturas en siete ciudades
Los siete militares fueron capturados por investigadores del CTI y de la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército. Los procedimientos se realizaron en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga y Cúcuta.
La Segunda División del Ejército confirmó las capturas y señaló que fueron resultado de operaciones de contrainteligencia militar coordinadas con la Fiscalía.
La institución informó que inició los procedimientos disciplinarios y administrativos correspondientes y manifestó que colaborará con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.
El proceso penal continuará mientras se determina la responsabilidad individual de los siete uniformados. La imputación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.







