La discusión sobre la estabilidad del sistema energético en Colombia vuelve a encender las alarmas. Gremios del sector aseguran que las millonarias deudas del Estado con empresas del mercado eléctrico están poniendo en jaque la seguridad energética del país, mientras el Gobierno nacional insiste en que no existe riesgo de apagón.
Según datos entregados por agentes del mercado, la Nación acumula compromisos por cerca de $9,2 billones, relacionados con subsidios, opción tarifaria, deudas oficiales y obligaciones asociadas a la empresa Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Para las compañías del sector, esta situación está presionando sus finanzas y limitando la capacidad de inversión.
El debate se intensificó luego de que líderes gremiales afirmaran que han sido las propias empresas las que han sostenido el sistema para evitar un corte de energía a gran escala. Desde Andesco señalaron que muchas compañías han tenido que endeudarse para cumplir con obligaciones que, según ellos, corresponden al Estado.
A esto se suma la preocupación por la posible llegada del fenómeno de El Niño, que podría reducir los niveles de agua en los embalses y presionar aún más el sistema eléctrico, lo que eventualmente impactaría los precios de la energía en el mercado.
Otro punto que genera inquietud entre los expertos es la falta de información reciente sobre los balances de energía del país. Voceros del sector han advertido que la ausencia de datos clave dificulta la planificación de nuevas inversiones, en un sistema donde los proyectos pueden tardar varios años en entrar en operación.
Además, advierten que la situación financiera de Air-e podría provocar efectos en cadena dentro del mercado eléctrico si no se toman medidas urgentes. La empresa acumularía deudas cercanas a $2,1 billones con generadores y transmisores de energía.
En paralelo, desde el sector energético aseguran que la incertidumbre regulatoria y algunos decretos recientes del Gobierno estarían afectando el ambiente de inversión. Incluso agencias internacionales han advertido que cambios en el esquema del cargo por confiabilidad podrían impactar los ingresos de las generadoras y frenar nuevos proyectos.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene una postura distinta. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que no existe riesgo de apagón y pidió analizar el panorama con una visión de largo plazo, especialmente en proyectos de gas y energía que pueden tardar más de una década en desarrollarse.
El funcionario también advirtió que las constantes alertas sobre un posible desabastecimiento podrían afectar la confianza de los inversionistas y generar una percepción negativa sobre la realidad del sector.
A pesar de las diferencias entre el Gobierno y los gremios, el debate sigue abierto. Expertos coinciden en que la clave estará en cómo se resuelvan las deudas acumuladas y en las decisiones que se tomen para garantizar la entrada de nuevos proyectos energéticos en los próximos años.