La reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro recibió un importante respaldo de la Corte Constitucional. La Sala Plena declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, que establece un nuevo sistema de protección para la vejez basado en un modelo de pilares.
La decisión representa un paso determinante para la implementación de la reforma, que durante meses permaneció en medio de controversias políticas y jurídicas y que había sido objeto de revisión por parte del alto tribunal.
La determinación fue adoptada por una amplia mayoría de los magistrados que participaron en la deliberación. De acuerdo con la información conocida, la votación terminó 7-1, con el salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez, quien intervino en el proceso luego de los impedimentos registrados dentro de la Corte.
Con el fallo, el núcleo de la reforma obtiene respaldo constitucional y se mantiene la estructura que plantea un sistema pensional organizado en diferentes pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.
El modelo busca modificar la manera en que los colombianos acceden a la protección económica durante la vejez y ampliar la cobertura para personas que, por diferentes circunstancias, no alcanzan a cumplir los requisitos necesarios para obtener una pensión bajo el sistema tradicional.
Uno de los principales componentes es el pilar solidario, dirigido a personas mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que no cuentan con una pensión. A esto se suma el pilar semicontributivo, diseñado para quienes realizaron aportes al sistema, pero no alcanzaron a cumplir los requisitos para pensionarse.
El pilar contributivo concentra a quienes realizan cotizaciones y contempla un esquema en el que los aportes se distribuyen de acuerdo con las reglas establecidas por la reforma. Finalmente, el ahorro voluntario permite que quienes tengan capacidad económica puedan complementar su protección para la vejez.
Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte no significa que todos los aspectos de la reforma hayan quedado aprobados sin modificaciones.
El alto tribunal encontró disposiciones que deberán regresar al Congreso de la República para que sean revisadas y corregidas. Las observaciones están relacionadas con aspectos específicos del trámite legislativo y con algunas disposiciones cuya redacción o alcance requeriría ajustes.
Esto significa que el Congreso tendrá nuevamente participación en el proceso para subsanar los aspectos señalados por la Corte, sin que ello implique necesariamente el desmonte de la estructura central del nuevo sistema.
La decisión adquiere además una dimensión política por tratarse de una de las principales reformas promovidas durante la administración de Gustavo Petro.
El expresidente celebró el pronunciamiento de la Corte a través de su cuenta en X y presentó la decisión como un triunfo de su gobierno y de una política orientada a ampliar la protección económica de los adultos mayores y de los trabajadores con menores niveles de ingreso.
Durante el trámite de la reforma, el proyecto generó una fuerte confrontación política. Sus defensores argumentaron que el sistema permitiría ampliar la cobertura y garantizar una protección mínima para millones de adultos mayores que no lograron pensionarse, mientras sus críticos cuestionaron el impacto fiscal, el manejo de las cotizaciones y el papel que tendrían los fondos privados dentro del nuevo modelo.
Con la decisión de la Corte Constitucional, una de las principales apuestas legislativas del gobierno anterior obtiene un respaldo jurídico de gran relevancia.
Ahora el desafío estará en la implementación del sistema y en las correcciones que deberá realizar el Congreso sobre las disposiciones señaladas por el alto tribunal. También será determinante la reglamentación necesaria para poner en funcionamiento los diferentes pilares y garantizar que las nuevas reglas puedan aplicarse de manera efectiva.
El fallo marca así un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema pensional colombiano. La reforma deja de estar concentrada exclusivamente en el debate político y entra en una etapa en la que el Gobierno, el Congreso y las entidades encargadas del sistema deberán definir cómo llevar a la práctica las nuevas reglas.
Para el gobierno anterior y sus sectores políticos aliados, la decisión representa una victoria jurídica y política para una de sus reformas más ambiciosas. Para sus opositores, en cambio, comienza ahora la etapa de evaluar sus efectos fiscales, administrativos y sobre el ahorro de los trabajadores.
En cualquier caso, el pronunciamiento de la Corte Constitucional despeja uno de los principales obstáculos jurídicos que enfrentaba la reforma y mantiene en pie la transformación del sistema pensional colombiano propuesta durante el gobierno de Gustavo Petro.