La reforma pensional, considerada una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro, vuelve a tambalear. Aunque la Cámara de Representantes volvió a aprobar el texto tras la orden de la Corte Constitucional de repetir el cuarto debate, un nuevo cuestionamiento de procedimiento podría convertirse en el talón de Aquiles del proyecto.
La alerta proviene de la representante Juana Carolina Londoño, quien señaló que la sesión del pasado 28 de junio, en la que se debatió y votó el articulado, carecía de legitimidad, ya que —según ella— no se aprobó formalmente el orden del día por falta de quórum, ni se cumplió con la notificación oficial de la Corte al Congreso, paso obligatorio para reiniciar el trámite.
“Se cambiaron unos vicios por otros. No se debatieron los artículos como exige la ley. Todo el proceso vuelve a estar en entredicho”, advirtió Londoño.
Entre la legalidad y la implementación
Mientras tanto, el Gobierno intenta proyectar confianza. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ha reiterado que la entidad está lista para asumir el nuevo esquema de pilares si la Corte Constitucional avala la ley. Pero incluso él reconoce que el camino aún no está despejado.
“El modelo está diseñado, pero solo puede operar si la Corte lo declara exequible. Es vital que falle a favor”, declaró Dussán.
La Corte, sin embargo, es hoy un foco de controversia. El caso quedó en manos del magistrado Héctor Carvajal —quien en el pasado fue abogado de Petro— y de Vladimir Fernández, exfuncionario de la Presidencia. Ambos son vistos como figuras cercanas al actual Gobierno, lo que ha generado suspicacias entre sectores de oposición, que no descartan nuevos recursos, demandas o recusaciones.
¿Está Colpensiones preparada?
Más allá del debate jurídico, hay otra pregunta sin respuesta clara: ¿tiene Colpensiones la capacidad para asumir el nuevo sistema con más de 19 millones de afiliados? Para Hugo Daniel Pulido, presidente del sindicato de trabajadores de la entidad, la respuesta es, por ahora, no.
“Seguimos siendo muy pocos para tanto trabajo. Necesitamos ampliar la planta, modernizar la infraestructura tecnológica y preparar áreas que hoy están desbordadas”, denunció.
Pulido insiste en que sin una inyección urgente de recursos humanos y técnicos, la implementación sería riesgosa para los usuarios y desgastante para los funcionarios.
¿Qué sigue?
El país sigue a la expectativa del pronunciamiento de la Corte. Mientras tanto, la reforma que el Gobierno celebra como una victoria histórica podría volver al limbo jurídico, enfrentando el mismo destino que otras grandes apuestas legislativas que murieron por errores de trámite.
En juego no solo está el futuro de millones de pensionados, sino la credibilidad institucional del Congreso y del Ejecutivo.