La reforma agraria impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro quedó en el centro de un nuevo informe que advierte sobre posibles irregularidades en la entrega y adquisición de tierras. El documento, denominado El libro de la verdad, reúne 135 páginas de hallazgos que fueron entregadas a las autoridades por la administración del presidente Abelardo De La Espriella para que sean investigadas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las cifras de tierras entregadas a través del Fondo de Tierras. Según el informe, durante el Gobierno anterior se reportó la entrega de 351.463 hectáreas, pero apenas 98.148 contarían con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos.
El documento sostiene que esa cifra representa solamente el 7 % de la meta que se habría planteado la administración saliente con registro formal de propiedad. El resto de las tierras, de acuerdo con el reporte, fueron entregadas bajo diferentes modalidades provisionales.
“Mientras 206.273 se entregaron de forma provisional: campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que los respalde legalmente”, señala el informe conocido por medios de comunicación.
El Gobierno De La Espriella calificó esta situación como una posible “operación de maquillaje estadístico”, al considerar que las cifras de hectáreas entregadas no necesariamente reflejarían el número de predios que quedaron jurídicamente formalizados a nombre de sus beneficiarios.
Otro de los casos que aparece en el documento está relacionado con un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Según el informe, se habría desembolsado cerca de un billón de pesos para adquirir 537 predios, pero únicamente tres habrían quedado debidamente titularizados.
Ante estos hallazgos, el denominado Equipo Élite del Gobierno aseguró haber presentado una denuncia penal, promovido una acción fiscal y preparado una queja disciplinaria para que las autoridades competentes determinen si existieron responsabilidades.
El informe también cuestiona un convenio por hasta 17.003 millones de pesos suscrito entre la ANT y Teveandina, empresa operadora de Canal Trece, para desarrollar actividades y eventos relacionados con la reforma agraria.
Según los hallazgos, las actividades logísticas habrían sido subcontratadas, mientras el canal mantenía un porcentaje por concepto de administración e intermediación. El documento advierte además sobre posibles sobrecostos, cuestionamientos relacionados con algunos registros fotográficos y dificultades para establecer la trazabilidad de determinados pagos.
Este caso también habría sido puesto en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia penal.
A los cuestionamientos se suma una actuación de la Agencia de Desarrollo Rural. El informe señala que la entidad declaró como día hábil el sábado 8 de agosto para adelantar actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales, apenas un día después del cambio de Gobierno.
La decisión habría ocurrido después de que el Consejo de Estado suspendiera una medida similar adoptada por el Dapre. Frente a este episodio, el Equipo Élite presentó una denuncia penal por un posible delito de prevaricato y solicitó establecer qué actuaciones se realizaron durante esa jornada.
Los hallazgos incluidos en El libro de la verdad plantean así múltiples interrogantes sobre la ejecución de la reforma agraria durante el Gobierno Petro, especialmente en materia de formalización de tierras, adquisición de predios, contratación y manejo de recursos públicos.
Sin embargo, el propio informe advierte que los señalamientos no constituyen condenas ni determinan por sí mismos la existencia de delitos. Será la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control los encargados de establecer si las actuaciones denunciadas configuraron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
El documento se convierte ahora en uno de los principales insumos para las investigaciones que pretende impulsar la nueva administración sobre decisiones y contratos ejecutados durante el Gobierno anterior.