La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por posibles fallas en la ejecución de los contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en 2023 y gestionados por el Ministerio de Transporte en Santa Marta.
Según los hallazgos de la Contraloría, pese a haberse pagado más del 90 % del valor de los contratos, a junio de 2025 no se evidenció la puesta en marcha de los equipos tecnológicos contratados por más de $21.800 millones, destinados al Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario.
La investigación también analiza si la interventoría contratada por $1.625 millones incumplió su deber de advertir e informar sobre los retrasos y la falta de entrega de sistemas esenciales para la flota y los usuarios, pese a que se desembolsaron cerca de $1.250 millones en recursos públicos.
Con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha decretado la práctica de pruebas.