A través de la Procuraduria General de la Nación se logró la concertatación de varios compromisos entre contratistas y el Ministerio de Transporte para avanzar en una solución definitiva a los problemas que afectan la ruta nacional del Carare, afectada por un desplazamiento en masa registrado el 25 de octubre de 2025.
El fenómeno natural arrasó con viviendas, cultivos e interrumpió los servicios públicos, afectando a la población de la zona, lo que en su momento generó que declarara la calamidad pública municipal y departamental.
El Ministerio Público impulsa la habilitación temporal para el transporte vehicular en los municipios de Vélez, Landázuri y Cimitarra en Santander.