Un llamado a la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico para acelerar el debate de control político sobre las entidades Puerta de Oro y Edubar ha generado nuevas reacciones en el ámbito político regional.
El pronunciamiento surge en medio de cuestionamientos sobre la gestión y operación de proyectos e interventorías en el sector público, especialmente en iniciativas relacionadas con infraestructura y espacios comerciales en el departamento.
Uno de los casos mencionados es el del centro gastronómico Muelle 1888, donde se ha reportado el cierre temporal de tres negocios por dificultades financieras asociadas al pago del operador y de servicios públicos en áreas comunes.
Según los señalamientos, Puerta de Oro recibe anualmente recursos superiores a los 4.000 millones de pesos por parte de la Gobernación del Atlántico (Atlántico) para la administración del centro gastronómico, mientras que a los propietarios se les cobra un porcentaje por administración y cánones adicionales por arriendos.
Además, se ha planteado que la entidad estaría considerada para la operación del futuro corredor gastronómico del chicharrón en Baranoa, lo que ha incrementado el debate sobre su rol en proyectos regionales.
Hasta el momento, las entidades mencionadas no han emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos, mientras se mantiene la expectativa sobre la citación del debate en la Asamblea departamental.