La Fundación Protransparencia Atlántico volvió a poner sobre la mesa uno de los asuntos que ha generado cuestionamientos en Puerto Colombia: la presunta cesión a particulares de terrenos que habrían tenido destinación pública o estarían relacionados con zonas verdes y espacio público.
A través de un derecho de petición dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la organización, representada por Horacio Brieva, solicitó que la Fiscalía informe públicamente, dentro de los límites permitidos por la reserva de las actuaciones, qué avances registra la investigación relacionada con estos hechos.
La Fundación dejó claro que su solicitud no pretende interferir en el proceso penal ni acceder a información reservada.
“Actúa exclusivamente desde la sociedad civil”, precisó la organización, al señalar que no invoca la condición de víctima, denunciante, parte o interviniente, ni busca conocer elementos materiales probatorios, personas indiciadas o la estrategia de investigación.
El objetivo, según explicó, es obtener información general que no esté sometida a reserva y poner de presente la relevancia que el caso tiene para la ciudadanía.
Una denuncia que lleva más de tres años
Uno de los puntos centrales del derecho de petición tiene que ver con una denuncia presentada el 7 de marzo de 2023 por quien entonces era alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona.
De acuerdo con el documento presentado por Protransparencia, la denuncia estuvo relacionada con los presuntos delitos de falsedad material en documento público y/o fraude procesal, a raíz de la expedición y utilización de las resoluciones 2017-06-01-044, del 20 de noviembre de 2017, y 148, del 21 de julio de 2021.
La actuación quedó identificada con la noticia criminal 20238150068282.
Según los antecedentes expuestos por la Fundación, el entonces mandatario puso en conocimiento de la Fiscalía una presunta falsificación de la firma del exalcalde Steimer Mantilla, que habría sido utilizada en actos administrativos mediante los cuales se habrían entregado determinados predios a particulares de manera gratuita.
La organización insiste en que corresponde exclusivamente a la Fiscalía establecer si existieron falsedades, irregularidades administrativas o conductas que puedan tener relevancia penal.
La pregunta que ahora vuelve a la Fiscalía
El principal interrogante planteado por Protransparencia es qué ocurrió con esa investigación después de más de tres años.
La Fundación sostiene que, pese al tiempo transcurrido desde la recepción de la noticia criminal, no se conoce públicamente una decisión definitiva sobre la etapa de indagación.
Por eso solicitó que la Fiscalía informe, sin revelar información sometida a reserva:
- cuál es el estado actual de la noticia criminal;
- qué despacho fiscal y unidad tienen asignado el caso;
- en qué etapa se encuentra la actuación, y
- si continúa activa o si ya existe una decisión que haya definido esa etapa.
La petición no exige que se revelen pruebas, diligencias adelantadas o información sobre eventuales investigados.
El caso ya genera preguntas sobre otros terrenos
La Fundación también advierte que el debate público dejó de estar concentrado exclusivamente en el predio relacionado con la denuncia inicial.
Según expone en su comunicación, diferentes sectores de la sociedad civil, periodistas, dirigentes sociales y representantes políticos han manifestado preocupación por otros terrenos que habrían tenido destinación como zonas verdes o espacio público y que posteriormente habrían sido objeto de cesiones gratuitas, subdivisiones o transferencias.
Entre los predios mencionados públicamente aparecen terrenos de aproximadamente 5.082 y 33.637 metros cuadrados, además de operaciones posteriores sobre algunos de ellos.
Sin embargo, Protransparencia hizo una precisión importante: no está afirmando que todos estos hechos estén relacionados entre sí ni que exista responsabilidad penal.
La Fundación señala que las publicaciones y cuestionamientos son presentados únicamente como evidencia de la dimensión del interés ciudadano sobre el asunto y no como sustituto de una prueba dentro de una investigación penal.
¿Qué responderá la Fiscalía?
La solicitud vuelve a poner bajo el reflector el manejo de terrenos que, según los cuestionamientos planteados, podrían haber tenido una destinación de carácter público antes de terminar en manos de particulares.
Ahora la expectativa está puesta en la respuesta del ente investigador y, particularmente, en establecer si la noticia criminal continúa activa, si se han producido decisiones dentro del proceso o si la Fiscalía ya cerró alguna etapa.
La Fundación Protransparencia insiste en que su petición respeta la autonomía del ente acusador, el debido proceso y la presunción de inocencia.
En otras palabras, el interrogante que queda sobre la mesa no es quién es responsable, sino qué ha ocurrido durante estos más de tres años con una denuncia que continúa generando preguntas en Puerto Colombia y si existen actuaciones institucionales que permitan esclarecer el destino jurídico de los terrenos cuestionados.