Durante el consejo de ministros, el Presidente Gustavo Petro anunció este martes la hoja de ruta que seguirá el Gobierno para atender a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la región Caribe, donde el impacto ha sido más severo.
Entre las medidas anunciadas se incluyen la entrega inmediata de alimentos, la recuperación de ciénagas, la reubicación de familias damnificadas, la reconstrucción del tejido social y territorial, y acciones de salud para prevenir enfermedades.
“Mantenemos un flujo continuo de alimentación para las zonas afectadas. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) actuará en la recuperación de ciénagas que superan las 50 mil hectáreas, con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y mitigar los impactos”, dijo Petro.
El mandatario señaló que la reubicación de personas en áreas rurales y urbanas será un eje central de la acción. “Ya hay un espacio en Montería para la reubicación inmediata, con construcción de barrios que permitan liberar el borde izquierdo del río, que antes estaba ocupado”, explicó.
Petro también enfatizó la necesidad de evitar el desvío de recursos hacia campañas políticas, anunciando que se trasladarán partidas del presupuesto actual y se aplicará la Ley 1523 para el reordenamiento territorial y de la tenencia de la tierra.
En materia de salud, el Presidente destacó que el Ministerio de Salud, junto con las alcaldías, ha desplegado equipos de atención básica para frenar la propagación de epidemias y atender otras enfermedades derivadas de la emergencia.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, estimó que se requerirán alrededor de 8 billones de pesos para la recuperación de las zonas afectadas, principalmente en la Costa Caribe. Ávila precisó que esta cifra es preliminar y advirtió que será necesaria una emergencia económica, en caso de que la Corte Constitucional no levante la suspensión de la declarada en diciembre pasado.
La emergencia se ha visto agravada por lluvias inusuales para la temporada y el rebose de embalses, afectando especialmente al Urabá chocoano y a 24 de los 30 municipios de Córdoba, dejando a numerosas familias en situación crítica y causando pérdidas significativas en infraestructura y vivienda.