La controversia por la parranda vallenata realizada dentro de la Cárcel de Itagüí sigue creciendo tras la aparición de nuevos videos que evidenciarían el ingreso del cantante Nelson Velásquez al centro penitenciario.
De acuerdo con las grabaciones, el artista habría ingresado alrededor de las 11:30 de la mañana del pasado 8 de abril y permanecido en el lugar por más de cuatro horas, retirándose cerca de las 4:00 de la tarde.
Denuncias sobre irregularidades en el ingreso
La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien dio a conocer el material, aseguró que al menos 16 vehículos de alta gama habrían ingresado por la puerta principal del penal sin cumplir, presuntamente, con los controles habituales.
Además, en los registros se observaría la presencia de personas que no pertenecerían al INPEC, quienes al parecer controlaban el acceso de los asistentes, lo que ha generado serias dudas sobre la seguridad interna del establecimiento.
Investigaciones en curso
El caso ha tomado mayor relevancia debido a que, según versiones oficiales, la actividad no contaba con autorización del INPEC ni del Ministerio de Defensa, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas en los protocolos de control.
Ante esto, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar responsabilidades disciplinarias.
Por su parte, el director del INPEC, Daniel Gutiérrez, informó que se adoptaron medidas administrativas, entre ellas el relevo del director encargado del penal y el traslado del comandante de vigilancia.
Asimismo, se abrieron investigaciones internas contra al menos siete funcionarios presuntamente implicados y se envió una comisión especial desde Bogotá para esclarecer los hechos.
Posibles conexiones
Según declaraciones de la concejala Carrasquilla, la reunión dentro del penal podría estar relacionada con la eventual libertad condicional de Sebastián Murillo Echeverri, lo que añade un nuevo elemento de preocupación al caso.
La situación continúa generando debate a nivel nacional sobre los controles en los centros penitenciarios y la posible infiltración de intereses indebidos en este tipo de establecimientos.