El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Francisco Javier Estupiñán Bravo, señalado de participar en uno de los capítulos de corrupción relacionados con la contratación de carrotanques para atender las necesidades de comunidades de La Guajira a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial ajustó la pena impuesta al procesado a nueve años, 11 meses y 27 días de prisión, luego de encontrarlo responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.
Estupiñán Bravo se desempeñaba como representante de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, empresa que intervino en un proceso contractual de la UNGRD relacionado con el suministro de 40 carrotanques destinados a atender a comunidades del departamento de La Guajira.
De acuerdo con el proceso judicial, el condenado participó en el direccionamiento y adjudicación de una orden de proveeduría por aproximadamente 29.000 millones de pesos a favor de Yapurutú.
Uno de los elementos que tuvo en cuenta la investigación fue una certificación presentada por Estupiñán Bravo en la que se garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos. Sin embargo, dicha información no correspondía con la realidad, pues los carrotanques todavía se encontraban en proceso de ensamblaje.
Pese a esta situación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 fueron tramitados desembolsos por 25.375 millones de pesos relacionados con el contrato.
El proceso también estableció la existencia de sobrecostos por 11.114 millones de pesos. De esa suma, según la decisión judicial, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que otros terceros habrían resultado favorecidos con los restantes 6.784 millones de pesos.
Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso al condenado una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 119,9 meses.
La sentencia también contempla multas por los recursos apropiados, entre ellas una sanción de 5.500 millones de pesos, además de otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Dentro del proceso, Estupiñán Bravo también alcanzó un acuerdo de principio de oportunidad con la Fiscalía, avalado por un juez de control de garantías. Como parte de este mecanismo, el procesado se comprometió a entregar información relacionada con otros posibles involucrados en los hechos de corrupción investigados dentro de la UNGRD.
A raíz de este acuerdo, se produjo el cese parcial de la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada y falsedad en documento privado.
La decisión del Tribunal representa un nuevo avance judicial dentro del amplio proceso por las presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha involucrado recursos destinados a atender emergencias y comunidades afectadas por diferentes fenómenos en el país.