La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta red integrada por tres militares que habrían entregado información reservada sobre operaciones y movimientos del Ejército Nacional a una estructura del Clan del Golfo a cambio de dinero.
Los procesados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías y judicializados por hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2025.
De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían utilizado sus posiciones dentro de la Fuerza Pública para obtener y suministrar datos relacionados con desplazamientos de tropas, despliegues militares y acciones contra esa organización criminal.
Los tres militares estuvieron vinculados, en distintos momentos, al Batallón Rifles de Caucasia, en Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con sede en el sur de Bolívar.
La Fiscalía señaló que la presunta red habría contado con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos.
Uno de los episodios investigados compromete al entonces subteniente Bravo Olaya. Según los elementos recopilados por el ente acusador, el 2 de enero de 2022 habría recibido un millón de pesos, transferidos por un militar retirado, para posteriormente alertar sobre los movimientos de los uniformados que estaban bajo su mando en inmediaciones de Ayapel, Córdoba.
Otro de los casos corresponde al sargento segundo Sicacha López, quien es señalado de haber aceptado una promesa de pago a cambio de entregar detalles sobre operaciones militares en las que participaba.
En cuanto a Henao Luna, la Fiscalía sostiene que habría recibido dinero por suministrar información privilegiada relacionada con los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba. La investigación señala que el 14 de abril de 2022 habría recibido una llamada de un suboficial retirado antes de producirse la entrega de información.
Las capturas fueron ejecutadas por funcionarios del CTI y la Policía Nacional en diferentes ciudades y municipios del país. Bravo Olaya fue detenido en Cali, Valle del Cauca; Sicacha López, en el corregimiento de Buenavista, en Distracción, La Guajira; y Henao Luna, en Yopal, Casanare.
Durante las audiencias, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, según el grado de participación atribuido a cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Sicacha López aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación pretende establecer el alcance de la información que habría sido filtrada y determinar si los datos entregados comprometieron operaciones militares contra estructuras del Clan del Golfo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de seguridad y control de la información reservada dentro de la Fuerza Pública, mientras avanza el proceso judicial contra los tres uniformados.