La investigación contra ocho personas señaladas por la Fiscalía de integrar una presunta red transnacional de contrabando y lavado de activos tiene uno de sus principales puntos de interés en Barranquilla, ciudad donde, según el expediente, habría funcionado parte de la estructura comercial utilizada para mover mercancía.
Este martes se reanudó la audiencia en la que la Fiscalía expone los elementos que sustentan su solicitud de medida de aseguramiento contra los ocho procesados. La DIAN, reconocida como víctima dentro del proceso, pidió al juez avalar la petición para que los involucrados sean enviados a prisión.
De acuerdo con la investigación, algunas de las operaciones investigadas habrían tenido como destino la sede central de Lili Pink en Barranquilla, mientras que empresas constituidas en Colombia, Panamá y Nicaragua presuntamente habrían sido utilizadas para aparentar operaciones comerciales legítimas.
La hipótesis de las autoridades apunta a que varias sociedades habrían cumplido diferentes funciones dentro del supuesto entramado: unas como importadoras o comercializadoras y otras como compañías de papel destinadas a facilitar operaciones financieras y comerciales.
Los nombres que aparecen en el expediente
Entre los ocho investigados se encuentra Max Marvin Abadi, cofundador de Lili Pink, a quien la Fiscalía señala como uno de los presuntos líderes de la estructura investigada.
También aparece David Max Abadi Homsani, hijo de Max Abadi. Investigaciones previas de la Fiscalía han señalado a ambos como posibles figuras centrales dentro de la estructura empresarial bajo investigación.
La lista de procesados incluye además al empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández y a los ciudadanos colombianos Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Precisamente, varios de los nombres vinculados al proceso aparecen relacionados con sociedades que, según la hipótesis de la Fiscalía, habrían intervenido en diferentes etapas de las operaciones comerciales investigadas.
¿Qué papel habría tenido Barranquilla?
El papel de Barranquilla resulta relevante porque, según los elementos expuestos durante el proceso, la ciudad habría estado relacionada con la recepción y operación comercial de mercancías que posteriormente eran distribuidas a través de la red de establecimientos de la marca.
La investigación también busca establecer cómo se conectaban las sociedades nacionales con compañías constituidas en el exterior y qué personas tenían control sobre las operaciones financieras.
El expediente contempla además la creación, transformación y liquidación sucesiva de sociedades, una dinámica que, según la Fiscalía, habría permitido mantener determinadas operaciones comerciales mientras cambiaban las personas jurídicas involucradas.
La investigación patrimonial también ha alcanzado empresas con presencia en Barranquilla. Recientemente, la Fiscalía impuso medidas cautelares e incluyó en su investigación a una compañía con sede en esta ciudad, dentro de las actuaciones relacionadas con el caso.
La Fiscalía busca establecer quién controlaba la operación
Uno de los principales objetivos del proceso es determinar si las personas vinculadas actuaban de manera independiente o si, por el contrario, hacían parte de una estructura coordinada con funciones previamente definidas.
La Fiscalía sostiene que los elementos recopilados permitirían establecer diferentes roles relacionados con la administración de sociedades, manejo de recursos, operaciones financieras y actividades de importación.
Sin embargo, los ocho procesados no han aceptado los cargos formulados en su contra y será un juez de la República quien deberá determinar si existen los elementos suficientes para imponerles una medida de aseguramiento.
Mientras avanza la audiencia, Barranquilla vuelve a ocupar un lugar central en el caso Lili Pink, no solo por la presencia empresarial y comercial de la compañía en la ciudad, sino porque la investigación busca establecer qué operaciones se habrían desarrollado allí y quiénes habrían tenido control sobre ellas.
El proceso judicial tendrá ahora que determinar si las conexiones empresariales y financieras identificadas por los investigadores corresponden efectivamente a una estructura criminal o si existen explicaciones distintas para las operaciones cuestionadas.