¿Justicia o complicidad? Esa es la pregunta que rodea al magistrado Ángel Hernández Cano, del Tribunal Administrativo del Atlántico, quien hoy enfrenta una queja disciplinaria por un retraso que parece inexplicable.
El togado se demoró 5 años para decidir si admitía o no una demanda contra la CRA, permitiendo que un contrato cuestionado de $25 mil millones no solo se ejecutara, sino que creciera hasta los $39 mil millones.
La denuncia, interpuesta por la veeduría Funcicaribe, señala que mientras el magistrado guardaba silencio, el consorcio beneficiado (que presuntamente no cumplía requisitos) terminó la obra, recibió adiciones por $14 mil millones y liquidó el contrato. Hoy, con la obra terminada y los fondos públicos pagados, la Comisión de Disciplina Judicial deberá decidir si este «olvido» judicial fue una falla administrativa o algo mucho más oscuro.