Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable al cargo de delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), convirtiéndose en su salida definitiva de la representación oficial que ejercía en nombre del Gobierno Nacional.
La decisión se conoce en medio de la controversia generada por las investigaciones y denuncias surgidas tras las revelaciones periodísticas sobre una presunta red de corrupción que, según las acusaciones, habría operado mediante el supuesto cobro de comisiones ilegales para gestionar proyectos públicos.
La renuncia fue presentada a través de su apoderado judicial, quien explicó que Guerrero decidió apartarse del cargo para concentrar todos sus esfuerzos en atender los procesos e investigaciones que actualmente cursan en su contra.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación trasladó el caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción y ordenó las primeras diligencias de policía judicial para recaudar pruebas y establecer si existieron conductas con relevancia penal.
Además, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció una segunda denuncia contra Juliana y Verónica Guerrero, en la que solicita que se investiguen presuntos delitos de tráfico de influencias, concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito, así como la posible participación de empresarios y servidores públicos.
Hasta el momento, Juliana Guerrero no ha sido condenada ni vinculada formalmente mediante una decisión judicial, por lo que las investigaciones continúan en etapa de verificación y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existen responsabilidades penales.