La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó las solicitudes de sometimiento del exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y del exdirector del DAPRE, Alberto Velásquez Echeverri, al concluir que los delitos por los que fueron condenados no guardan vínculo alguno con el conflicto armado interno.
Ambos fueron sentenciados en la justicia ordinaria por ofrecer prebendas a congresistas para asegurar apoyos a la reforma que permitía la reelección presidencial inmediata en 2004. Según la Corte Suprema, incurrieron en prácticas corruptas para influir en decisiones del Congreso.
La JEP determinó que Pretelt no presentó un compromiso claro de verdad y reparación, pese a múltiples requerimientos, y rechazó de plano su sometimiento, negándole cualquier beneficio transicional.
En el caso de Velásquez, la Sala señaló que, además de no existir relación con el conflicto, su sanción penal ya fue extinguida, por lo que declaró sin objeto su petición ante esta jurisdicción.