Varias preguntas y preocupaciones han surgido en torno al anuncio según el cual la empresa de servicios públicos Triple A recibirá la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo, primero por parte del Distrito de Barranquilla y posteriormente de los demás municipios donde opera.
Tal como fue revelado en primicia el pasado sábado, el traspaso contempla activos estratégicos que han sido construidos durante décadas con recursos públicos y que resultan esenciales para la prestación de servicios básicos. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el valor real de dicha infraestructura ni bajo qué criterios se realizó la transferencia.
Uno de los principales interrogantes gira en torno a la valoración de estos activos: ¿cuánto valen realmente las redes, plantas, estaciones y demás bienes que pasarán a manos de la compañía? A esto se suma otra preocupación clave: ¿por qué Triple A no pagaría regalías o contraprestaciones económicas por recibir esta infraestructura pública?
Sectores ciudadanos y observadores del proceso advierten que la entrega de estos bienes sin una compensación clara podría generar un detrimento patrimonial y afectar los intereses de los entes territoriales y de los usuarios del servicio.
La expectativa ahora está puesta en que el Distrito de Barranquilla y las administraciones municipales involucradas entreguen explicaciones detalladas sobre el alcance del acuerdo, la justificación jurídica y financiera de la decisión, y los beneficios concretos que esta transferencia traerá para la comunidad.
El debate apenas comienza y promete abrir una discusión de fondo sobre la gestión de los servicios públicos, la transparencia en el manejo de los activos del Estado y la protección del patrimonio colectivo.