El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa una fase compleja tras la imposición de aranceles del 50 %, nuevas tasas y restricciones al tránsito de bienes y servicios entre ambos países.
Doce exministros de Comercio Exterior y Producción de las dos naciones expidieron un pronunciamiento conjunto en el que advierten que estas decisiones están generando un impacto directo en la actividad productiva formal, afectando inversiones consolidadas y el empleo en regiones fronterizas.
Según el documento, el incremento de las restricciones no incide en los factores estructurales de seguridad en la zona limítrofe y, en cambio, pone en riesgo un tejido empresarial construido durante décadas bajo esquemas de integración económica.
Comercio binacional en riesgo
Los exministros recordaron que ambos países comparten una extensa frontera terrestre y un proceso histórico de integración que se consolidó dentro de la Comunidad Andina de Naciones.
Durante ese proceso se desarrollaron industrias complementarias, cadenas de producción conjunta y flujos de capital que hoy sostienen alrededor de 2.400 empresas y cerca de 200.000 empleos, con un intercambio comercial estimado en 3.000 millones de dólares anuales.
Para los firmantes, cualquier alteración en el flujo comercial tiene efectos inmediatos sobre hogares y economías regionales que dependen de estas operaciones.
Medidas adoptadas por ambos países
En el caso de Ecuador, el pronunciamiento menciona la creación de una tasa de seguridad equivalente al 50 % y ajustes en el costo del transporte de crudo por oleoducto.
En Colombia, destacan la imposición de aranceles del 50 %, la suspensión del ingreso terrestre de ciertos productos y la decisión de impedir que proveedores privados vendan energía eléctrica hacia territorio ecuatoriano.
A juicio de los exministros, estas medidas han escalado de forma unilateral y encadenada, acumulando costos sin resolver las causas de fondo relacionadas con la seguridad.
Llamado a retomar el diálogo
El grupo reconoce que los problemas de seguridad en la frontera son reales y requieren atención prioritaria. No obstante, sostienen que las restricciones comerciales no afectan directamente a las organizaciones criminales que operan al margen de la ley.
En su lugar, proponen:
- Fortalecer la cooperación operativa en seguridad fronteriza.
- Incrementar la coordinación en inteligencia y control terrestre y marítimo.
- Reactivar el diálogo político bilateral.
- Desmontar las restricciones adoptadas recientemente.
- Tramitar las diferencias comerciales dentro de los mecanismos previstos por la Comunidad Andina.
El comunicado, fechado el 1 de marzo de 2026, fue suscrito por seis exministros de cada país, quienes advierten que prolongar el actual escenario podría deteriorar una relación económica estratégica para ambas naciones.