El Partido de la Unión Patriótica (UP) aceptó formalmente los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la investigación por presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026).
Según reveló en exclusiva EL TIEMPO, la aceptación se formalizó mediante una carta fechada el 7 de noviembre, firmada por Gabriel Becerra Yáñez, representante legal de la UP, dirigida a los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).
En la ponencia que será votada este jueves, los magistrados solicitan sancionar a la campaña Petro Presidente, a la Unión Patriótica y a su entonces gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por exceder los límites legales de gasto en más de 5.300 millones de pesos. Además, se ordena compulsar copias a la Fiscalía para que investigue posibles conductas de carácter penal.
El documento firmado por Becerra manifiesta que el partido se “allanará a los cargos” y expresa su “voluntad de colaboración con la autoridad electoral”, en busca de culminar los procedimientos administrativos y avanzar en la fusión jurídica del Pacto Histórico, que agrupa a Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano, el Partido Progresista, la Minga Indígena Política y Social y la propia UP.
Sin embargo, fuentes del CNE advirtieron que las implicaciones políticas y jurídicas de esta aceptación podrían ser más profundas, ya que el reconocimiento de responsabilidad en una falta de este nivel afecta directamente la estructura partidista que respaldó la candidatura presidencial de Petro.
Este nuevo capítulo se conoce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro ofreciera perdón a nombre del Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la UP, ocurrido entre los años 80 y 90.
El caso ahora queda a la espera de la votación de la ponencia este jueves, en la que el CNE deberá decidir si impone las sanciones propuestas y si remite el expediente a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal correspondiente.