El Gobierno Nacional anunció que desde esta semana iniciará el bloqueo de señal celular en centros penitenciarios de Colombia, una medida que busca frenar la extorsión, la coordinación de estructuras criminales y otros delitos que continúan ejecutándose desde las cárceles.
La estrategia será implementada de manera progresiva y controlada, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y las autoridades de seguridad, priorizando establecimientos con mayor incidencia de llamadas fraudulentas y criminalidad organizada.
Según explicó el Gobierno, el uso de teléfonos móviles ingresados ilegalmente a las cárceles se ha convertido en una de las principales herramientas del crimen, permitiendo que internos ordenen extorsiones, amenazas, estafas y delitos transnacionales desde los centros de reclusión.
“El objetivo es cortar de raíz la comunicación criminal desde las cárceles y proteger a las víctimas”, señalaron voceros oficiales.
Debate por derechos fundamentales
La decisión, sin embargo, ha abierto un debate en sectores jurídicos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten que un bloqueo total podría afectar comunicaciones legítimas entre los internos, sus familias y sus abogados, lo que pondría en riesgo garantías constitucionales como el debido proceso.
Por ello, expertos han solicitado que la medida esté acompañada de protocolos claros, control judicial y mecanismos alternativos de comunicación autorizada, que eviten el aislamiento absoluto de la población carcelaria.
Un desafío de seguridad regional
El bloqueo de señal en cárceles no es una medida nueva a nivel internacional, pero su implementación ha generado históricamente tensiones entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos, un equilibrio que el Gobierno deberá manejar con precisión para evitar controversias legales.
Las autoridades aseguraron que el proceso será evaluado de forma permanente y ajustado según los resultados obtenidos en la reducción de delitos originados desde prisión.