La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, comenzó a reversar varias de las decisiones adoptadas durante los últimos meses del Gobierno de Gustavo Petro. A través de la Resolución 2708 de 2026, la funcionaria derogó 11 circulares que habían sido expedidas por el exministro Antonio Sanguino.
El documento fue firmado este jueves 20 de agosto y comprende disposiciones relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico, vigilancia privada, despidos con justa causa, cuidado y equidad de género, entre otros asuntos.
Una de las medidas eliminadas estaba relacionada con políticas de cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social. El nuevo Ministerio cuestionó que la circular no diferenciara claramente entre disposiciones obligatorias y recomendaciones para los empleadores.
Según la cartera laboral, esa falta de precisión podía generar interpretaciones distintas sobre qué medidas debían ser aplicadas obligatoriamente y cuáles tenían únicamente carácter orientador.
También quedó sin efecto una circular dirigida a alcaldes y gobernadores sobre libertad sindical. El Gobierno cuestionó que el documento calificara determinadas actuaciones como conductas antisindicales y estableciera referencias a eventuales multas o remisiones a organismos de control y autoridades judiciales.
La vigilancia y seguridad privada fue otro de los sectores involucrados en las derogatorias. En este caso, la nueva administración encontró una imprecisión relacionada con las horas extras y consideró que la redacción podía llevar a una interpretación equivocada sobre el alcance de las excepciones previstas para este sector.
El Ministerio también reversó lineamientos relacionados con los despidos con justa causa. La administración de López Fuentes cuestionó que la circular mezclara recomendaciones con afirmaciones presentadas como reglas generales frente al procedimiento disciplinario que debe anteceder determinadas terminaciones laborales.
Uno de los puntos que mayor controversia generó está relacionado con el trabajo doméstico remunerado. La circular derogada establecía lineamientos para las labores de inspección y contemplaba una excepción que permitía el ingreso de funcionarios a viviendas sin consentimiento o autorización previa en situaciones consideradas de peligro inminente para el trabajador.
La nueva administración sostuvo que esta disposición debía revisarse frente a las garantías constitucionales sobre la inviolabilidad del domicilio. En particular, recordó el contenido del artículo 28 de la Constitución Política sobre los requisitos para realizar registros en viviendas.
Con la Resolución 2708, el Gobierno busca corregir lo que considera inconsistencias jurídicas, imprecisiones y excesos regulatorios contenidos en varias de las circulares expedidas durante la anterior administración.
La decisión marca uno de los primeros movimientos de Natalia López Fuentes al frente del Ministerio del Trabajo y confirma el giro que el Gobierno de Abelardo De La Espriella pretende implementar en materia de regulación laboral y relaciones entre empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales.