El Gobierno Nacional avanza en la estructuración de una estrategia de alta seguridad que contempla trasladar a cerca de 40 de los principales cabecillas de organizaciones criminales a buques ubicados en altamar, con el propósito de cortar la comunicación de estos reclusos con las estructuras delincuenciales que continúan operando desde tierra.
La iniciativa, denominada Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, está dirigida a internos considerados de máxima peligrosidad y que, según las autoridades, tendrían capacidad para mantener el control de actividades ilícitas pese a encontrarse privados de la libertad.
Entre los perfiles que podrían ser incluidos en el esquema aparecen reconocidos jefes criminales como alias ‘Negro Ober’ y Digno Palomino, señalados por las autoridades de tener vínculos con estructuras dedicadas, entre otras actividades, a la extorsión y al crimen organizado.
El objetivo central del proyecto es reducir al máximo las posibilidades de comunicación entre los internos y sus organizaciones en el exterior. Para ello, las autoridades estudian establecer un régimen de aislamiento mucho más estricto que el aplicado actualmente en los establecimientos penitenciarios convencionales.
De acuerdo con la propuesta que se encuentra en estructuración, los reclusos permanecerían en celdas individuales de aproximadamente cuatro por cuatro metros, sin acceso a televisores, radios ni dispositivos electrónicos que permitan establecer comunicaciones con el exterior.
También se contempla limitar el tiempo de exposición al aire libre a unos 30 minutos diarios, bajo estrictas medidas de vigilancia. Dependiendo del nivel de peligrosidad de cada interno, podrían aplicarse medidas adicionales de seguridad, entre ellas el uso de chalecos antibalas durante determinados desplazamientos dentro de las embarcaciones.
Uno de los principales componentes del proyecto sería el bloqueo de las comunicaciones. Para ello se analiza la instalación de sistemas inhibidores de señal, coordinados entre la Policía Nacional y las autoridades competentes en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
La preocupación de las autoridades está relacionada con el presunto uso de teléfonos celulares desde las cárceles para continuar coordinando actividades delictivas. Según la información entregada en el marco de la iniciativa, alrededor del 12 % de más de 3.000 denuncias por extorsión registradas en el país estaría relacionado con llamadas originadas desde centros penitenciarios.
La ubicación de los buques también hace parte de la planeación. Las zonas marítimas cercanas a Cartagena y Buenaventura aparecen como posibles puntos estratégicos para instalar las embarcaciones, debido a su infraestructura naval y a las condiciones que permitirían mantener una mayor distancia entre los internos y las redes criminales asentadas en territorio continental.
La propuesta no sería completamente nueva para Colombia. Las autoridades recuerdan que en 2007 fueron utilizados buques de la Armada para mantener bajo custodia a algunos de los principales jefes paramilitares y narcotraficantes de la época, entre ellos alias ‘Macaco’ y ‘Don Diego’, como parte de las medidas adoptadas para reforzar su aislamiento.
Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno estudia retomar ese concepto, pero con un modelo penitenciario especializado y mayores capacidades tecnológicas para impedir las comunicaciones ilegales.
Por ahora, la estrategia permanece en fase de estructuración. Las autoridades deberán definir aspectos relacionados con la adecuación de las embarcaciones, condiciones de habitabilidad, seguridad, alimentación, atención médica, vigilancia, comunicaciones y operación permanente de las unidades navales.
La eventual implementación también requerirá establecer bajo qué marco jurídico se realizarían los traslados y cuáles serían los criterios para determinar qué internos cumplen las condiciones para ser sometidos a este régimen especial.
El Gobierno sostiene que la prioridad es impedir que los máximos responsables de estructuras criminales continúen ejerciendo control sobre sus organizaciones desde las cárceles. La apuesta, en ese sentido, busca convertir el aislamiento físico y tecnológico en una herramienta para golpear las redes de extorsión y otras actividades criminales.
Si el proyecto supera las etapas técnicas, jurídicas y logísticas previstas, Colombia podría avanzar hacia un modelo de reclusión marítima destinado exclusivamente a internos considerados de máxima peligrosidad.
La discusión ahora queda abierta: ¿aislar a los principales cabecillas en buques ubicados en altamar podría convertirse en una herramienta efectiva para reducir la extorsión y evitar que los delincuentes sigan dando órdenes desde las cárceles?